Los menores migrantes huyen de sus países buscando una vida mejor y la mayoría se prepara para encontrar un trabajo

El Gobierno de España enfrenta una crisis política sin precedentes debido a la controversia en torno al reparto de más de 5.500 menores migrantes no acompañados, actualmente concentrados en Canarias. Las comunidades autónomas de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Murcia, donde gobiernan coaliciones de Partido Popular (PP) y Vox, se encuentran en peligro de ruptura por las diferencias en esta cuestión.

El conflicto se centra en la propuesta del Gobierno central de distribuir equitativamente a estos menores entre todas las regiones de España para mejorar su atención y reducir la presión sobre Canarias, que enfrenta una situación de colapso. Vox se opone firmemente a esta medida, argumentando que los menores podrían representar un riesgo para la seguridad pública y rechazando cualquier asociación que los vincule con la delincuencia.

Los defensores de los derechos humanos y las ONG han enfatizado la urgencia de la situación, recordando que la prioridad debe ser proteger y proporcionar un entorno seguro y estable para estos niños, muchos de los cuales tienen menos de diez años y están solos en un país extranjero. La distribución equitativa permitiría a todas las regiones asumir su parte justa de responsabilidad y garantizar un acceso adecuado a servicios esenciales como la educación.

En términos de cifras actuales, las disparidades entre las comunidades son alarmantes: mientras Canarias alberga más de 4.500 menores, regiones como La Rioja reportan apenas 11 casos. Esta desigualdad subraya la necesidad urgente de una distribución más equitativa para asegurar que todos los niños migrantes reciban el apoyo necesario.

La integración social y educativa de estos menores es crucial para su futuro. A pesar de las difíciles circunstancias, la mayoría de ellos están escolarizados y participan activamente en cursos de formación para mejorar sus perspectivas laborales. Según datos recientes, el 60% de los jóvenes migrantes entre 16 y 23 años ya están empleados en sectores como la hostelería, administración, agricultura, mecánica y construcción, demostrando su capacidad para contribuir positivamente a la sociedad española.