Pedro Sánchez marca un "punto y aparte" en la lucha contra la desinformación y la reforma judicial: ¿cómo se materializará?

En la comparecencia de este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado un "punto y aparte" en la agenda política nacional. En un discurso, Sánchez ha señalado que el compromiso va más allá de las palabras, apuntando hacia la necesidad de abordar dos aspectos importantes: la desinformación y la reforma judicial.

Al denunciar el problema de los bulos y la desinformación, Sánchez ha destacado la perversión democrática que supone confundir la libertad de expresión con la libertad de difamación. Condenando los ataques deliberados a la verdad, el presidente ha advertido sobre el daño irreparable que causan estos actos a la democracia, especialmente al obligar a las víctimas a demostrar su inocencia.

Aunque no ha especificado medidas concretas, Sánchez ha reconocido la complejidad de legislar sobre este tema, recordando las críticas previas al Procedimiento de Actuación contra la Desinformación aprobado en 2020 por el Consejo de Seguridad Nacional que incluía seis organismos responsables de luchar contra la desinformación. También lo hizo el propio partido en 2023, creando el comité contra la desinformación de la derecha.

En otros países sí se ha legislado en este sentido, bien creando leyes específicas como en Francia, modificando las existentes como el Código Penal para incluir la difusión de bulos a través de comités de expertos o formando los propios funcionarios como en Reino Unido o a través de la creación de una comisión de investigación parlamentaria como se hizo en Italia.

Por otro lado, en lo que respecta a la reforma judicial, el presidente no ha ocultado su preocupación por la paralización de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace cinco años. En un ambiente de estancamiento político, Sánchez sugiere un cambio radical, insinuando la posibilidad de renovar el CGPJ sin el apoyo del Partido Popular (PP).

Esta postura, respaldada por sus socios de Gobierno, como Yolanda Díaz, que da por hecho que ese "punto y aparte" es ir más allá del acuerdo de investidura y que eso significa no solo renovar, sino también democratizar -cambiar el sistema de elección- del Poder Judicial sin el PP.