La reforma del PSOE para limitar la acusación popular y eliminar el delito de ofensas religiosas carece de precedentes en Europa

El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición orgánica con el objetivo de acabar con las "acciones judiciales abusivas". Esta reforma no solo busca modificar la figura de la acusación popular, sino también introducir cambios en otros aspectos del sistema jurídico español que resultan innovadores a nivel europeo.

Una de las principales modificaciones propuestas por el PSOE es limitar la presencia de la acusación popular, restringiéndola exclusivamente a la fase oral de los juicios. Actualmente, esta figura está presente a lo largo de todo el proceso judicial, lo que genera preocupación por posibles filtraciones de información sensible. Además, la reforma plantea que solo los ciudadanos y entidades no vinculados a partidos políticos o asociaciones puedan ejercer esta acusación, con el fin de evitar la instrumentalización política de los casos judiciales.

En cuanto a la acusación popular, la reforma se distancia de las legislaciones europeas, ya que en la mayoría de los países del continente esta figura no existe en la misma forma. En el resto de Europa, solo las víctimas o la Fiscalía pueden presentar denuncias. España sería uno de los pocos países con un sistema de acusación popular "pura", que permite a cualquier ciudadano o entidad presentar una denuncia sobre un caso.

Otro aspecto destacado de la propuesta es la eliminación del artículo 525 del Código Penal, que tipifica el delito de "contra los sentimientos religiosos". Esta medida responde a la presión de eliminar las demandas interpuestas por organizaciones ultracatólicas contra artistas y activistas, y situaría a España junto a los seis países de la Unión Europea que no sancionan este tipo de comportamientos: Irlanda, Suecia, Estonia, Francia, República Checa y Croacia. En contraste, naciones como Alemania y Bulgaria mantienen legislaciones mucho más severas en este aspecto.

Finalmente, la proposición introduce nuevos motivos para recusar a los jueces, especialmente cuando se hayan manifestado públicamente sobre partidos o entidades implicados en casos que se les hayan asignado. Esta nueva causa implicaría una modificación de la Ley del Poder Judicial, algo que no tiene antecedentes claros en otros ordenamientos europeos.

Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Alemania rechazó en dos ocasiones la recusación de magistrados que, anteriormente como políticos, se habían expresado sobre un partido o pertenecían a una formación política.