Todo lo que se sabe sobre la 'operación Delorme': ¿qué se investiga y por qué salpica a un asesor de Ábalos?

¿Qué se sabe hasta ahora de la trama que ha salpicado de lleno al exasesor del exministro Ábalos, Koldo García? Hasta ahora, se ha podido conocer que la Fiscalía investiga tres presuntos delitos: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Delitos que surgen tras una operación liderada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que de momento se salda con una veintena de detenidos.

Entre ellos, la mano derecha de Ábalos, su hermano, su mujer -que por cierto trabajaba en esa época en el Ministerio de Transportes y a la vez ocupaba un alto cargo en los socialistas navarros- y el empresario y presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama.

Hasta ahora, se han practicado en total 26 registros en estas tres provincias: Madrid, Alicante y Murcia. Pero ¿cómo funcionaba esta trama? ¿Cómo conseguían dinero de las mascarillas? A través de comisiones ilegales que se cobraban por la adjudicación directa, de urgencia, de tres contratos a esta empresa entre marzo y abril de 2020, en lo peor de la pandemia.

Se trata de contratos para la entrega de mascarillas y material de protección, dos de ellos a cargo de organismos vinculados al Ministerio de Transportes y otro al Ministerio del Interior, por valor de 40 millones de euros. En la tarde de este miércoles la Guardia Civil ha tomado declaración al 'número dos' de Interior como testigo por este contrato.

Pero pudo haber más contratos, más allá de los tres reseñados. La operación se destapó a raíz de una denuncia del 'número dos' de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presuntas irregularidades en una decena de contratos realizados por distintas administraciones del PSOE por más de 300 millones de euros.

Si bien se acaba archivando la mayoría de esas diligencias, hay algo que hace a la Fiscalía continuar con esta: que la empresa de la que hablamos facturó en 2020 hasta 53 millones de euros de administraciones socialistas frente a los 0 euros del año anterior, que no tiene relación con el sector sanitario -se dedica al asesoramiento técnico de energía, aguas e infraestructuras- ni tampoco vínculos con China. De ahí la querella que se ha saldado con esta operación.