De Vox y PP al 'procés': los casos en los que los jueces no rompieron la neutralidad judicial

Extrañeza ha sido la palabra usada por el Gobierno para definir la actuacion del juez. A los socialistas les mosquea sobre todo la fecha, que el juez convoque a Begoña Gomez a un mes vista, dias antes de unas elecciones europeas que son claves y sin pruebas de la UCO. Este miércoles se habla de una regla, una norma no escrita dicen -con lo cual no es norma-, que establece que "los jueces en campañas electorales intentan no interferir". La pregunta es: ¿Esto es así? ¿Existe esta norma no escrita en la que los jueces se limpian las manos para no influir en el voto de la ciudadanía?

Tal y como lo recordaba hoy María Peral en 'El Español', hay varios ejemplos donde los jueces no han anunciado sentencia que comprometan a partidos políticos. Un ejemplo de esto es el caso del recurso de Otegui. El Supremo debía resolver en abril de 2007 el caso del vasco en el que se le condenaba por enaltecimiento del terrorismo al participar en el homenaje a este miembro de ETA. Al considerar que tendría "trascendencia política", le comunicó en marzo que pospondría el fallo a después de las elecciones vascas de mayo.

No es el úncio caso y no hace falta irse hasta el año 2007. Tenemos ejemplos tan recientes como de esta misma semana. El Tribunal Constitucional ha sacado del orden del día el recurso de Vox contra la reforma de la ley del aborto del año pasado, sobre todo a sabiendas que las elecciones europeas se celebrarán el próximo 9 de junio.

Y pasó lo mismo hace un mes, con el adelanto de las catalanas. El TSJ de esa comunidad aplazó el juicio contra tres políticos claves en el procés por su participación en el 1-0 para evitar, dijo la sala, "interferencias" en la campaña.

Sobre todo las autonómicas y municipales del año pasado paralizaron muchas decisiones judiciales. Tanto en el Supremo como en el Constitucional. En este último: se pospusieron a después del 28 de mayo los recursos de Partido Popular y Vox contra la ley que impide nombramientos discrecionales al CGPJ estando en funciones; o los interpuestos por el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez tras perder el acta por la agresión a un policía durante una manifestación.

En el Supremo, las autonómicas y municipales del año pasado paralizaron el debate sobre los recursos de la fiscalía contra las rebajas de condenas a agresores sexuales con la 'ley del solo si es si'; recursos relacionados con el fraude de los ERE y el del exmarido de Monica Oltra a su condena por abusos sexuales a una menor.

Y al contrario: ¿Ha habido más jueces señalados por "saltarse" esta regla no escrita? En los casos más escandalosos de ambos partidos: Baltasar Garzón, el primer magistrado en investigar la Gürtel, dicta su primera providencia apenas 4 días antes de las gallegas de 2009. Después condenado por prevaricación e inhabilitado.

Y el segundo caso, la jueza de los ERE, la jueza Alaya. Ya había sido cuestionada por enviar a prisión al primer exalto cargo de la Junta en 2012, días antes de la campaña autonómica. Y ante las críticas, al año pasado tuvo que retrasar el juicio contra dos altos cargos de la Fundación Andaluza de Formación para Parados. La había fijado para nueve días antes del 28M. Lo pidieron sus defensas al considerar que podría usarse como "arma política en campaña".