La Abogacía del Estado se persona en el caso de la visita del papa a Valencia en 2006

La visita del papa a Valencia pudo ser un negocio redondo para la 'trama Gürtel'. Los cuatro millones de euros que presuntamente obtuvieron de la televisión valenciana Canal 9 podrían haber sido utilizados para blanquear facturas del Grupo Correa.

"Me parecía muy fuerte que, estando el nombre del papa y de la iglesia de por medio, se jugara con dinero, bien para el partido o bien para lo que fuera", declaró el pasado mes de noviembre José Selva, coordinador de las infraestructuras de la visita del papa.

Testimonios como éste han llevado a la Abogacía General del Estado a personarse en la pieza que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El juez facilitará todas las pruebas e informes policiales para comprobar si la ‘trama Gürtel’ cometió fraude fiscal tras la visita de Benedicto XVI a Valencia.

El origen de la investigación está en el contrato que se adjudicó para la instalación de pantallas gigantes por las que se podía seguir el Quinto Encuentro Mundial de las Familias.

En este caso, Canal 9 habría pagado 7,4 millones de euros a la constructora Teconsa, el doble del precio de mercado por estos servicios. Esto le habría permitido destinar casi cuatro millones de euros a la trama Gürtel, y tan solo tres millones y medio para la visita del papa.

Los investigadores consideran que se usó este contrato para obtener, con dinero negro, unos terrenos en el municipio de La Nucía, en Alicante.

El resto se habría destinado a blanquear otras facturas y en comisiones para los cabecillas de la trama. A destacar: Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez, más conocido como ‘el Bigotes’.

Asimismo, otro medio millón de euros habría sido destinado al exdirector general de Canal 9 Pedro García. Un regalo para agradecerle la adjudicación del contrato.

Por su parte, fuentes de la Generalitat han confirmado a Más Vale Tarde que, por el momento,  no se plantean personarse en el proceso, dado que no cuentan con información de las diligencias practicadas. Desde la oposición, en cambio, reclaman más participación del Consell para esclarecer que pasó con el dinero público.

Josep Moreno, diputado del PSPV, ha explicado que “el dinero saqueado procede de la administración pública valenciana”.

Además, considera que por el mismo criterio que le ha llevado a personarse en otras ocasiones, la Generalitat “debería estar presente para garantizar, como tantas veces anuncian pero pocas veces hacen, la recuperación efectiva del dinero”.