La abogada Beatriz de Vicente explica por qué es legal retener a los jóvenes confinados por el macrobrote de Mallorca

Algunos padres de los jóvenes confinados en Mallorca por ser contacto directo o indirecto de posibles contagiados en el macrobrote generado tras un viaje de fin de curso han decidido denunciar al Govern balear por retención ilegal. Afirman que no se les ha informado de nada y que, además, han dado negativo en los test COVID.

No obstante, según ha explicado la abogada Beatriz de Vicente es complicado que estas denuncias prosperen, incluso en aquellos casos en los que los jóvenes son menores de edad.

El motivo, ha incidido, es que "están amparados por la Ley de Salud Pública del año 2010 que permite el confinamient oen caso de riesgo inminente y extraordinario para la salud pública, que está a su vez amparada por la Ley de Salud Pública de 2006". Ambas permiten el confinamiento incluso sin estado de alarma.

"Si estamos ante una variante nueva que incluso es resistente a las vacunas, tengamos en cuenta que este confinamiento puede ser muy importante", ha insistido Beatriz de Vicente, que ha asegurado que podemos "tirar por los suelos todo lo que hemos avanzado".

La fiscalía se opone al confinamiento forzoso

La Fiscalía se ha opuesto al confinamiento forzoso, y ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma que no ratifique la resolución de la directora general por la que se ordenó el confinamiento forzoso en régimen de aislamiento, bajo custodia policial, de más de 200 estudiantes.

La Fiscalía considera que las medidas adoptadas por la Dirección General de Salud Pública "no resultan plenamente justificadas ni proporcionadas de acuerdo con la legislación vigente".

El Ministerio Público aclara que no se cuestiona que los jóvenes hayan podido mantener contacto con positivos, pero apunta que la resolución de la Conselleria considera sospechosos de contacto a los estudiantes afectados "de forma general, presuntiva e indeterminada".

Además, se refiere únicamente a ellos cuando "no consta" que en los establecimientos donde se cree que se produjeron los contagios "se alojaran únicamente jóvenes estudiantes", alega.

"Resulta extraño que no se hayan considerado sospechosos o contactos a otros colectivos tales como los trabajadores de los establecimientos hoteleros o de ocio o los otros clientes que disfrutaban de esos hoteles o lugares de ocio", argumenta el fiscal.

En este sentido, la Fiscalía cuestiona que la resolución de la Dirección General "no especifica ni concreta de forma clara ni directa" a ninguno de los alumnos, sin hacer referencias a la situación particular de cada uno de ellos --como la fecha de llegada, periodo de estancia en la isla, grupo al que pertenecía, actividades realizadas o el hotel en el que se hospedaron--.

"Es decir, se ignora (...) si efectivamente mantuvieron un contacto real ni con qué intensidad con las personas concretas cuyo confinamiento se pretende ratificar", apunta el Ministerio Público.