LA DENUNCIA INCLUYE A ANA BOTELLA, DE MADRID, O A LOS ALCALDES DE BARCELONA Y SEVILLA
Un abogado demanda a 38 alcaldes por mantener símbolos franquistas en sus calles
Ana Botella, Xavier Trías o Juan Ignacio Zoido están entre los 38 alcaldes denunciados por desobediencia. Un abogado les acusa de mantener símbolos franquistas, pese a que la Ley de Memoria Histórica les obliga a retirarlos desde hace nueve años. El Arco de la Victoria en Madrid o escudos preconstitucionales en edificios públicos, son algunos de los 150 ejemplos.
La Ley de la Memoria Histórica, fechada en 2007, regula que se tomen medidas para la retirada de escudos, insignias, placas o menciones conmemorativas de exaltación de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.
Sin embargo, todavía se mantienen lugares como la plaza de Arriba España, en Madrid. Este es uno de los símbolos denunciados por Eduardo Ranz y es sólo uno de los más de 80 símbolos denunciados en toda España.
En total, 38 municipios entre los que se encuentran Zaragoza, Barcelona, Lugo, Palencia y Madrid recibirán una acusación por presunto delito de desobediencia por mantener símbolos franquistas a pesar de la Ley de la Memoria Histórica. "Los alcaldes y alcaldesas han tenido el tiempo suficiente para retirar los símbolos franquistas de los municipios", comenta Eduardo.
Generales franquistas como Emilio Mola siguen teniendo su placa en Madrid, incluso está la avenida Comandante Franco que tiene como calle paralela, justo moviéndonos hacia la derecha, la calle de los Caídos de la División Azul.
Otro de los símbolos que aparecen en la denuncia es el Arco de la Victoria, el arco que encontramos nada más llegar a Madrid por la la carretera de A Coruña. "Nadie está diciendo que haya que volar el Arco de la Victoria, pero sí explicar bien lo que es o poner una placa", explica el abogado.
Placas como en el pueblo de la Roda, en Albacete, esculturas como la de Primo de Rivera en Granada, símbolos como en fachadas de Brunete en Madrid, o la Cruz de los Caídos de Vigo.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha decidido que desaparece la carga política y ahora puede considerarse simplemente un monumento histórico. Las denuncias se han presentado coincidiendo con al aniversario de la primera república, aunque Eduardo asegura que en abril ampliará la denuncia.
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