LA MISMA SITUACIÓN QUE EN EL HOSPITAL DE FUENLABRADA
El Hospital Virgen de la Luz habría facilitado datos de pacientes a la Sanidad privada
En esta ocasión, este hospital de Cuenca habría transferido nombres y teléfonos de pacientes a clínicas privadas para que fueran tratados en ellas. Esta misma situación la sufrieron algunos de los pacientes del Hospital de Fuenlabrada, de cuyas acusaciones el gerente del complejo se defendió argumentando que sólo fue un “error administrativo”. La vulneración de estos datos se considera un acto ilegal.
El nombre, los apellidos, el teléfono y la información sobre la salud de los pacientes son considerados datos especialmente protegidos por la Ley de Protección de Datos de 1999. Sin embargo, dicha legislación no impidió que al menos dos hospitales públicos facilitaran esta información sobre algunos de sus pacientes.
Uno de ellos, el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, habría facilitado el contacto de varios usuarios, así como las pruebas diagnósticas que tenían pendientes, a una clínica privada para que les realizaran allí las mismas. Una situación muy parecida sufrieron algunos de los pacientes del hospital de Fuenlabrada, en Madrid.
Según el testimonio de varios afectados, les llamaban de una clínica privada directamente a sus casas. Decían que lo hacían de parte de sus médicos, y les ofrecían realizarles una prueba diagnóstica sin esperas.
Incluso les llevaban hasta el centro en un autobús. La práctica fue reconocida por el gerente del Hospital de Fuenlabrada, quien aseguró que se trataba de un error administrativo de un proyecto piloto.
"Lo único que se da es el nombre del paciente y el teléfono de contacto. Se le facilita para que ellos hagan la llamada de teléfono, si bien es cierto que deberíamos haberlas hecho nosotros", explicó Manuel de la Puente, gerente del Hospital de Fuenlabrada.
Aun con la defensa del propio gerente, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid le acusó directamente de la mala praxis insinuando que sería destituido. Sin embargo, a día de hoy, se mantiene en su puesto.
Tanto Madrid como Castilla La Mancha han anunciado que están investigando lo ocurrido junto a la Agencia de Protección de Datos. Mientras tanto, asociaciones de consumidores exigen una explicación sobre esta supuesta vulneración de los derechos de los pacientes.
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