CAROLINA TUVO QUE PAGAR 500 EUROS POR ATENDER A SU BEBE
Más de 1.500 personas, sin Sanidad pública desde enero de 2014
En España 1.500 personas se quedaron sin atención médica por la reforma sanitaria del PP. Lo denuncian con nombres y apellidos como el de Carolina. Se fue a vivir a Ecuador y cuando volvió a Santiago de Compostela se negaron a atender a su bebé de pocos meses. Al final logró que lo revisaran pero le llegó una factura de 500 euros.
La reforma sanitaria del PP dejó a unas 1.500 personas sin atención médica. Carolina es española y denuncia su situación. Se fue a vivir a Ecuador de donde es su marido y cuando volvió a Santiago de Compostela se niegan a atender a su bebé de pocos meses.
Carol González expresa con impotencia su situación, logró que le revisaran pero no que le hicieron análisis, "le atendieron pero nos llegó una factura de 500 euros". Poco después es su marido el que acudió a la consulta porque perdió diez kilos por un problema intestinal.
Natalia vive en León tiene doble nacionalidad argentina y española. Cuando llegó a España con su padre enfermo les denegaron la atención y las medicinas. El hombre de 68 años murió después de un año y medio en el que no recibió ningún seguimiento médico. "Me sentí desamparada, y si doy éste testimonio es para que no le pase a nadie" explica Natalia.
Como su padre, fallecieron 25 ancianos en el último año y medio. Dris es diabético y padece hipertensión de origen marroquí y vive en Toledo. Al perder el empleo perdió su tarjeta y estuvo un año sin atención médica. Hasta que le ayudaron en Médicos del Mundo.
Ellos son el rostro de éstas cifras, las personas excluidas de la atención sanitaria pública a raíz del Real decreto aprobado por el Gobierno en 2012. En total 1.567 casos en el último año y medio. Entre ellos enfermos muy graves. La Red de Resistencia al Real Decreto, autora del informe, los considera víctimas de lo que llaman 'apartheid sanitario'.
Del total de personas que se quedó sin atención, un 70% son inmigrantes. Pero los sin papeles no son los únicos excluidos.
José forma parte del 14% de ciudadanos comunitarios con pocos recursos que también son excluidos de la sanidad pública. Los fármacos que necesita casi superan su pensión de unos 500 euros al mes. No se salvan ni los niños ni las embarazadas.
Y en muchos casos se incumplen las propias excepciones que contempla la ley. Según denuncian los colectivos médicos activistas contra el Decreto, negar la sanidad, es negar el derecho a la vida.