Acayro, el juez que pasó de investigar la corrupción urbanística en Castro a estar inhabilitado 10 años: "La Justicia da miedo"

Luis Acayro Sánchez ha pasado de investigar la corrupción urbanística en Castro Urdiales (Cantabria) a quedarse fuera de la carrera judicial. La suya es una historia de desengaño, la vida de un hombre que creía en la Justicia. El Tribunal Supremo ha elevado a diez años su inhabilitación, una condena que le deja un futuro laboral incierto y complicado. En exclusiva en Salvados, el exmagistrado rompe su silencio con Gonzo y reconstruye los episodios que han marcado su trayectoria, desde sus investigaciones contra la corrupción hasta el procedimiento por el que acabó condenado.

Acayro llegó a Castro Urdiales en 2007 como juez de instrucción. Pronto comenzó a investigar una trama de corrupción urbanística que alcanzaba a distintos ámbitos de la Administración local. La dimensión de las causas llamó su atención desde el principio. "La ratio de implicados en corrupción por habitante era muy alta", explica en su entrevista con Gonzo.

Las investigaciones dieron lugar a decenas de imputaciones y situaron al magistrado en el centro de la actualidad. Aquella notoriedad tuvo, según cuenta, una cara poco amable: las presiones, las denuncias y una exposición mediática que llegó a desplazar el foco de los procedimientos hacia su propia persona. "El caso era yo, la foto era la mía, el titular era mi nombre", lamenta, para señalar después directamente a un medio de comunicación: 'El Diario Montañés'. "El actual presidente de ese medio era abogado del exalcalde", concreta.

José Ramón Pérez, sargento retirado de la Guardia Civil que lideró la investigación policial sobre la corrupción urbanística en Castro, presta también su testimonio y defiende a Acayro. "¿Una persona que investiga un delito es temeraria?", llega a plantear.

Desgrana que las diferentes causas salpicaron a "alcaldes, concejales, arquitectos, aparejadores y funcionarios" y que su labor y la de su equipo estuvo marcada por las presiones. También en el caso del exjuez: "Le hicieron perfiles en redes falsos con contenido pornográfico". Pérez recuerda además que llegó a preguntarle a Acayro "hasta dónde" podían llegar investigando, una duda que, por su naturaleza, sorprendió al juez, pero que no cambió su contundente respuesta: "Hasta el fondo".

El sargento explica que la investigación llegó a provocarle "vértigo" por su alcance y que las presiones también afectaron al trabajo policial. De hecho, un inspector relacionado con el caso Malaya, comparaba la situación en Castro Urdiales con la ocurrida en Marbella: "Joder, os falta la folclórica".

Pérez también relata las dificultades que encontraba el equipo cuando trataba de avanzar con los registros. "Si nosotros informábamos, nos estaban esperando", asegura para después admitir que cree que "posiblemente" sus superiores avisaban a los investigados de estos registros. El sargento recuerda, además, que llegó a temer que le ocurriera algo al magistrado. "Le recomendé que se fuera de Cantabria", reconoce.

Acayro, por su parte, denuncia la falta de respaldo y los "silencios" de sus superiores y el efecto de las críticas públicas sobre su trabajo. "Las presiones fueron muy sutiles", afirma al recordar aquella etapa. Pérez describe una situación que considera especialmente preocupante: "Sus superiores le intentaban fastidiar".

La querella que acabó con su carrera

Acayro encontró en otro magistrado, José Luis López del Moral, a su gran némesis. Su relación venía de años atrás. En 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (presidido por López del Moral) condenó al entonces juez a un año y tres meses de prisión y tres años de inhabilitación por revelación de secretos. En 2016, el Tribunal Supremo anuló aquella sentencia y lo absolvió. "El Supremo revocó la sentencia de manera dura y contundente", cuenta Acayro.

El enfrentamiento entre ambos volvió a cobrar relevancia en 2020. Tras dejar atrás el infierno que le supuso su estancia en Castro Urdiales y haberse marchado a Santander, se presentó a una plaza para el TSJC, que entonces, seguía dirigido por López del Moral. El otro juez fue quien obtuvo de nuevo el puesto y Acayro recurrió el nombramiento ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Meses después, se admitió a trámite una nueva querella contra el magistrado, que acabaría con otra condena y el posible fin de su carrera. Acayro recuerda con sorpresa que la queja relacionada con esta segunda causa ya había sido examinada por el CGPJ. "Esa misma queja la había archivado un año antes", señala. También pone el foco en quién intervino en el procedimiento: "Era la misma persona con la que yo estaba compitiendo la plaza". Ahí fue, asegura, cuando empezó a visualizar que le iban a llevar a juicio y que le iban a condenar.

El programa también ha tratado de conocer la versión de López del Moral, pero ha declinado participar en este reportaje.

Urías califica el caso de "inquietante"

Gonzo conversa también con Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional, con quien analiza esta condena. "Cuanto más datos leo y conozco, más me quedo con la duda de qué hay detrás", llega a admitir el experto.

"En España no es bueno enemistarse con jueces porque te puede llegar a pasar algo", sostiene. Su análisis no se limita a la situación de Acayro, sino que pone el foco en el funcionamiento de la cúpula judicial y en la capacidad del sistema para corregirse a sí mismo.

En 2022, el TSJC condenó a Acayro a cinco años de inhabilitación por prevaricación. El Supremo revisó después la resolución y elevó la pena a diez años. El procedimiento se refería a una petición de información sobre los contratos menores que un abogado mantenía con un Ayuntamiento. La sentencia consideró que el magistrado había actuado deliberadamente para perjudicarlo.

El propio Acayro explica la contradicción que aprecia en el razonamiento de la primera resolución: se le había condenado por una actuación dolosa, es decir, realizada conscientemente, y al mismo tiempo se había tenido en cuenta un error como atenuante. Al reconstruir el cambio introducido en la nueva sentencia, explica de manera entendible la decisión del Supremo que elevó su condena: "Quitamos el error y mantenemos el dolo". "Ocho años después, ese auto está en vigor, se olvidaron de anularlo", señala como prueba de sus teorías.

Cuando Gonzo le pregunta por qué cree que el Tribunal Supremo decidió duplicar su tiempo de inhabilitación, Acayro prefiere no mojarse: "He aprendido a interpretar tus silencios como 'no me quiero meter en más líos", señala el periodista.

Urías además señala que normalmente, estos casos quedan en nada cuando llegan al Supremo o al CGPJ, pero la situación de Acayro con la de otros jueces que han protagonizado actuaciones controvertidas son muy diferentes entre sí. Entre ellos aparece el juez Peinado, cuyo caso sirve al catedrático para plantear una posible diferencia de trato dentro de la judicatura.

Una situación económica límite

Al poco de grabarse la entrevista, Acayro perdió definitivamente su condición de juez. Según los datos que Salvados aporta, solo otros seis jueces habían perdido esa condición en España durante los 40 años anteriores.

El exmagistrado explica que tampoco puede colegiarse como abogado por los antecedentes penales y que su situación económica se ha vuelto insostenible. No tiene sueldo ni cobra el paro y arrastra una deuda de 100.000 euros vinculada a una prestación que describe como "envenenada".

Gonzo le pregunta si volvería a ejercer como juez en caso de que el recurso que ha presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo no prospere. Acayro no responde con claridad. Urías, sin embargo, considera que recuperar la carrera judicial después de diez años de inhabilitación sería "prácticamente imposible".

El caso lleva a Urías a cuestionar el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Supremo. El experto critica los nombramientos "a dedo". "No son ni los más antiguos ni los que tienen más méritos ni los que más saben", afirma. "Los jueces españoles no saben ser imparciales ni dejar fuera de la sala su ideología", añade.

Para Acayro, el origen de sus problemas está precisamente en su actuación en Castro Urdiales. "Cuando investigas corrupción, te conviertes en alguien muy incómodo", afirma. "Si llego a saber que iba a tener un coste tan alto, no sé si me hubiera atrevido a investigar allí", dice, haciendo balance de lo ocurrido.

"La pérdida de credibilidad en la Justicia es progresiva y cada vez va a más", asegura Acayro, para después centrarse en el "desencanto" que ha sufrido él a lo largo de los años y al haber vivido este proceso en primera persona.

Gonzo pone sobre la mesa una encuesta publicada por El País según la cual dos de cada tres españoles no confían en la Justicia. Sin embargo y a pesar de todo, él no se muestra tan tajante: "Creo que sería muy injusto decir de manera generalizada que no se puede confiar en la Justicia, pero tampoco sería justo decir que se puede confiar al 100 % en ella".

Acayro, que ha recurrido a Estrasburgo y se enfrenta a un futuro profesional incierto, resume su experiencia con una frase que atraviesa todo el programa: "En ocasiones, la Justicia da confianza y, en otras, da miedo". Una conclusión que deja abierta la pregunta de fondo planteada por Urías: "¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién controla al controlador?".

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