Corrupción urbanística
El juez Acayro señala el "no haber mirado para otro lado en Castro Urdiales" como el origen de sus problemas judiciales: "Si lo llego a saber..."
Acayro reflexiona en Salvados y vincula sus problemas con la justicia con las investigaciones en Castro Urdiales. El exmagistrado admite que no imaginó el coste que iba a tener para él investigar "hasta el fondo".
Luis Acayro Sánchez reconoce ante Gonzo en Salvados que cree que "no haber mirado para otro lado en Castro Urdiales" fue el origen de los problemas que terminaron apartándolo de la carrera judicial. El exmagistrado reflexiona en el programa de laSexta sobre el coste personal y profesional de aquellos años y reconoce que, conociendo ahora las consecuencias, quizá no se habría atrevido a ordenar aquellas pesquisas.
El juez llegó a la localidad cántabra en 2007 y pasó allí ocho años investigando causas relacionadas con la corrupción administrativa y urbanística. Según ha relatado durante el programa, aquellas investigaciones afectaban a responsables políticos y a distintos ámbitos del Ayuntamiento.
Acayro reconoce que, con el paso del tiempo, considera que quizá habría sido "más prudente" no enfrentarse a determinados intereses. La reflexión se vuelve especialmente dura cuando Gonzo le pregunta qué no volvería a hacer de la misma manera. "Honestamente, no sé si me hubiese atrevido a ordenar la investigación", admite. "Si yo sé que tiene el coste tan alto que ha tenido, no sé si me hubiese atrevido", insiste.
La condena también ha tenido consecuencias directas en su situación económica y laboral. Acayro explica que los antecedentes penales le impiden colegiarse como abogado y que, tras casi cuatro años entre la suspensión de empleo y sueldo y la tramitación de los recursos, no ha podido trabajar.
"Solamente he estado estudiando y haciendo deporte", cuenta. Ahora, asegura, intenta enfocar su vida, aunque no puede continuar ejerciendo la profesión a la que se ha dedicado desde los 18 años.
El exmagistrado explica además que no cobra el paro. Durante la suspensión recibió una prestación condicionada al resultado del recurso, cuya devolución puede ser exigida si la impugnación no prospera. De hecho, el Estado le reclama más de 100.000 euros por este concepto, una cantidad que tiene recurrida.