ANTONIO RUIZ DEL ÁRBOL, PERIODISTA DE ‘ELDIARIO.ES’

“Hay cientos de empresas que no tienen función ninguna”

El periodista Antonio Ruiz del Árbol comenta que las empresas públicas son creadas para una función concreta y que con el tiempo siguen vigentes sin tener función. Y es que, aunque algunas tienen sentido, otras “no se tenían que haber creado” porque lo hacen para colocar a los “afines”.

 

Una empresa pública es la que es propiedad del Estado. Antes, “eran el motor de muchas economías”, comenta Antonio Ruiz del Árbol, periodista de ‘eldiario.es’. Tienen mala prensa por la corriente de privatización, porque “buena parte de los recursos y servicios son un negocio bastante rentable y sabroso y hay quien tiene interés en que se privaticen”.

Una Administración crea una empresa pública para llevar una actividad para mayor gloria de quien las crea y para colocar gente “ayudar a los afines”.

No se sabe el número de empresas públicas que hay en España. Según el Ministerio de Hacienda 141, a nivel autonómica unas 400 y a nivel local unas 1400. “No hay un censo claro y las cifras son puras estimaciones”, explica. Y es que, “hay muchos inventarios y no son ciertos”. El problema es que “son empresas instrumentales al servicio de políticos”.

"Son empresas instrumentales al servicio de políticos"

“Hay cientos de empresas que no tienen función ninguna”. Son creadas para una función y siguen vigentes como la de Barcelona 92, comenta el periodista. En este año, no ha disminuido el número de consejeros dentro de los Consejos de Administración de las empresas públicas,

Antonio comenta que lo que hay que hacer es poner “coto a los sueldos exagerados de los directivos que hay en estas empresas. Unos 200.000 euros anuales con incentivos, sin ellos 105.000 euros”.

Asegura que la presencia de políticos y de hijos de políticos es “muy, muy habitual” en la empresa pública. “Si las empresas públicas en España son lo que son es porque han sido instrumento para los políticos en los últimos años”. Hay algunas que tienen sentido y otras que no se tenían que haber creado. “El Gobierno pretende deslegitimarla, en vez de reformarla”, concluye.

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