"La gente necesita a alguien que les diga que están pisoteando sus derechos"

Uno de los lugares donde más han sufrido los recortes en dependencia es en las residencias de mayores. En Zaragoza, una de ellas invirtió con las promesas de la ley de dependencia miles de euros para mejorar sus instalaciones y servicios. A cambio la administración les enviaría pacientes con subvención para cubrir sus plazas concertadas. Consecuencia: tienen una larga lista de espera para entrar, pero la mitad de las plazas concertadas está sin ocupar. La administración prefiere tenerlas vacías a pagar ayudas a nuevos residentes.

Tampoco los cuidados a domicilio tienen mucho futuro. Mari trabaja atendiendo casa por casa a dependientes de Jerez de la Frontera, pero su empresa lleva 4 meses sin pagarle. Ésta culpa al ayuntamiento; el ayuntamiento a la Junta y la Junta al Gobierno central. El caso es que han recortado las ayudas a este servicio y la empresa está casi en quiebra.

En los últimos diez meses, los recortes han acabado con el trabajo de 15.000 auxiliares del hogar y trabajadores de residencias en toda España.

Pero Mari, aunque no cobra, se niega a dejar de cuidar a sus pacientes. Sigue yendo a su casa a limpiarles, prepararles la comida, derles sus medicinas y, cuando es posible, sale de paseo con ellas. Porque sabe que sin ella, están abandonados.

A la Fundación Síndrome de Down de Castellón, la administración les debe 218.000 euros y están al borde del cierre, pero sus trabajadores luchan por no dejar a estos 200 niños y jóvenes sin ayuda.

Sus parejas en el paro. Y han seguido viniendo a trabajar. Ahora con la paga de 2012 tenemos las nóminas al día. Pero no sé si voy a poder pagar junio.  El comedor ya no está subvencionado y las excursiones han desaparecido. Apuran hasta los bolis. Mar, su gerente, teme que el curso que viene incluso afecte a las terapias de atención temprana, a la formación y los talleres del centro ocupacional e, incluso, al plan de empleo que da trabajo a 14 personas con discapacidad.

Virginia es trabajadora social, la encargada de ir casa por casa a evaluar el servicio que se da a cada paciente. Pero últimamente, su trabajo se limita decirle a los dependientes a la cara que ya no hay dinero. "Yo debería hacer sólo seguimientos, ver en qué se gasta el dinero público. Pero el 90% de mi trabajo son reclamaciones y quejas. Tuve una crisis profesional. La gente necesita a alguien que les escuche y les diga que sí que les están pisoteando sus derechos".