En laSexta Columna
Irene Dorta expone que el juez Calama considera a Análisis Relevante "una empresa pantalla"
La periodista de 'El país' señala que, para el magistrado, esta empresa no era una consultora sino que "se dedicaba a vender favores a empresas que pagaban a Zapatero a través de esta supuesta consultoría".
Entre las empresas de Julio Martínez figura Análisis Relevante, una compañía que, tal y como ha reconocido el propio José Luis Rodríguez Zapatero, le contrató. Esta consultoría, sin trabajadores, nació en 2020 y tenía un cliente especial: Plus Ultra.
El juez, como señala Irene Dorta, periodista de Tribunales de 'El País', "cree que Análisis Relevante es una empresa pantalla". Para el magistrado, en realidad, no era una consultoría "sino que lo que se dedicaba a vender favores a empresas que pagaban a Zapatero a través de esta supuesta consultoría".
Según el auto del juez Calama, el contrato entre Análisis Relevante y Plus Ultra estipulaba pagos de 5.000 euros al mes más IVA, unos 72.000 euros al año. "Las cantidades son muy parecidas, pero es verdad que Zapatero recibe esos ingresos en cinco años diferentes, a razón de unos 70.000 euros al año", expone Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales en laSexta.
El periodista señala que, cuadrando esas cifras, "viene a suponer ese medio millón de euros que la empresa Plus Ultra habría pagado a una sociedad de Julio Martínez por las gestiones que le habría hecho la asesoría para conseguir el rescate".
Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunales en Cadena SER, por su parte, recuerda que Zapatero ha reconocido que Análisis Relevante le ha abonado esos servicios "para consultoría de terceros". "Quería como una especie de intermediario. Esto en sí no es ninguna actividad ilegal", añade.
El juez, como señala el periodista de 'Cadena Ser', va a pedir a Zapatero que justifique esos trabajos ya que existe la sospecha que cobraba por trabajos no efectuados "para probar que efectivamente fue una empresa instrumental para cobrar las comisiones de Plus Ultra".
Para que exista tráfico de influencias, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "tiene que haber una presión directa a un funcionario concreto que adopte una determinada resolución administrativa", explica Pérez Medina, "que sirva para beneficiar a una determinada empresa".
Muchos políticos, como señala Dorta, tienen empresas que se dedican a hacer lobby y es algo dentro de la legalidad. "El problema de Zapatero es que él no tenía una empresa dedicada a hacer lobby su empresa supuestamente hacía consultoría, entonces si esto se demostrara pues sería una forma de ocultar su actividad real", concluye.