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EL MAPA SE LLENA DE MUNICIPIOS CONTRA LA FRACTURA HIDRÁULICA
Tras un primer intento fallido hace cinco meses, el Parlamento de Andalucía aprobó la semana pasada una proposición no de ley de Izquierda Unida para que la Comunidad Autónoma se declare “territorio libre de fracking”. La iniciativa va más allá, y prevé pedir al Gobierno el veto a la técnica de fractura hidráulica en todo el país.
La iniciativa andaluza ha sido es la última de la creciente movilización contra el fracking que empieza a llenar el mapa de municipios españoles contrarios a que se concedan permisos de exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales. “En ausencia de certeza científica sobre los riesgos ambientales, exigimos que se aplique el principio de precaución y no se concedan permisos hasta que haya más estudios”, recoge la plataforma antifracking de Navarra en su página web. Antes que ellas, Cantabria fue la primera en aprobar una ley por la que se declara “territorio libre de fracking”.
Al menos 24 plataformas de este tipo se han creado en buena parte de España contra esta técnica, que prevé la inyección de agua a alta presión mezclada con múltiples compuestos químicos en la roca para acceder a bolsas de hidrocarburos no convencionales.
El creciente rechazo social contrasta con el entusiasmo del Gobierno para desarrollar una técnica que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha justificado por la “enorme dependencia y vulnerabilidad de España del exterior”, como explicó durante un encuentro en la Universidad Menéndez Pelayo el pasado septiembre, en referencia a la importación de casi el 80% de la demanda de hidrocarburos, fundamentalmente gas y petróleo. El Gobierno quiere seguir la estela de Estados Unidos, país pionero en la extracción de gas pizarra por la que ha logrado contener el alza de los precios del gas y reducir su dependencia energética del exterior.
En frente, los detractores de esta técnica argumentan que en España nunca se han llevado a cabo extracciones de este tipo, con consecuencias que aún se desconocen, entre ellas, la contaminación de aguas subterráneas, emisión de gases de efecto invernadero, contaminación acústica y movimientos sísmicos inducidos, aunque algunos expertos alejan cualquier parecido con los terremotos localizados cerca de la plataforma Castor por la inyección de gas. “Las dos técnicas no tienen nada que ver. Aquí se trata de cuevas enterradas bajo el mar disponibles tras haber extraído petróleo en las que se ha inyectado gas, pero no se rompe nada”, comentan en el Instituto Geológico y Minero.
Para los ecologistas, “se sabe muy poco de los peligros ambientales asociados a los productos químicos que se añaden a los fluidos usados para fracturar la roca y que equivalen al 2%. De hecho, en Estados Unidos esos productos están exentos de la regulación federal y la información sobre ellos está protegida debido a intereses comerciales”, según un informe de Greenpeace.