La Unión Europea está preparando una gran base de datos de reconocimiento facial, ¿pero no estaba en contra?

Como sabéis, hace escasos días conocimos que la Unión Europea se estaba tomando muy en serio las actividades de reconocimiento facial que se están llevando a cabo en otros países y que ponen en peligro la privacidad de sus ciudadanos, prohibiendo la recopilación automática de este tipo de datos e impidiendo su proliferación sin un férreo control por parte de las distintas administraciones.

Pues bien, ahora, una filtración a la que ha tenido acceso The Intercept, afirma que, paralelamente, las autoridades comunitarias quieren construir una base de datos que abarque a todos los cuerpos de seguridad de los estados miembros, y que se encargue de recoger toda la información de reconocimiento facial.

De momento, diez son los estados (de los que no han trascendido los nombres) que habrían propuesto crear esta base de datos internacional que tendría como objetivo unirse a la de otros países que, como EE.UU., ya tienen en marcha, de tal manera que toda la información permita trabajar dentro de un espacio único de seguridad. Ahora bien, hay miembros que recelan y muestran preocupación ante la posibilidad de que todos esos datos puedan fluir sin control fuera de nuestras fronteras.

En busca de una nueva legislación

Esta determinación de los estados miembros no es nueva y llevan trabajando en ella desde noviembre, momento en el que, a través de comunicaciones internas, se conoció la intención de la Comisión para iniciar un periodo de estudio que concluya con una nueva legislación alrededor del reconocimiento facial automático. Es más, esa nueva base de datos se sincronizaría con otra mucha información que ya está recogida en otros ficheros y que tienen que ver con el registro de vehículos, ADN e incluso huellas dactilares.

Las mismas fuentes avisan de que, por lo analizado en las filtraciones, hay prisa por tenerlo cuanto antes operativo ya que hablan de que todas las bases de datos creadas por cada país deberían estar operativas e interconectadas "lo más rápido posible", para que Europol, posteriormente, sea la que determine de qué forma se compartirá fuera del ámbito de la Unión Europea.

Como es lógico, una noticia así despierta recelo entre los ciudadanos, que podrían poner en duda la razón última de contar con un recurso así, ya que facilitaría lo que algunos definen como "vigilancia políticamente motivada". Tanto es así que sorprende cómo en público algunos comisarios se han mostrado contrarios a este control de reconocimiento facial mientras, en los pasillos de Bruselas, se trata abiertamente la creación de una base de datos de estas características.

En los informes obtenidos en la filtración, además, se descubre que la UE ha pagado cerca de 700.000 euros a la consultora Deloitte para analizar qué cambios son necesarios para modificar la legislación y dar cabida a un fichero como el que planean, así como otro medio millón para explorar los posibles usos que tendría. Sin duda, todavía hay muchos flecos que discutir antes de que contemos con un marco legal que proteja a los ciudadanos de posibles abusos en la utilización de estas tecnologías.