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HABLEMOS DE COSAS SERIAS
El gobierno de Uganda ha aprobado una ley que incluye gravar con un impuesto a aquellos que usen las redes sociales de mensajería, como WhatsApp, Facebook o Viber.
Si hay algo que ha hecho grandes a las redes sociales, grandes en número de usuarios, en actividad, en interacciones, este algo es el cotilleo. Así creció Facebook y así mantiene enganchados a muchos, que deslizan hacia abajo las pantallas de sus móviles, incansables, llevando sus timelines al límite.
En WhatsApp ocurre un poco lo mismo. La parte social colectiva solo se puede comprobar en los grupos, donde los usuarios se dividen en dos perfiles: los comentaristas y los voyeurs (casi nunca escriben pero muchos de ellos leen los mensajes de los demás). En los grupos los usuarios preguntan, envían fotos y se exhiben al más puro estilo Facebook o Instagram. Pero incluso en los chats personales también se curiosea, se pregunta. Al final cabo: se cotillea.
Sean estos hábitos sanos, insanos, neutros, de Ph ácido o básico, no parecen la única razón para las medidas que ha tomado el gobierno de Uganda, que ha actuado a nivel legislativo. El Parlamento del país africano ha aprobado una polémica ley que graba con impuestos el uso de plataformas sociales por parte de los ciudadanos.
200 shilling, que al cambio son 0,05 dólares, tendrán que pagar las personas que utilicen plataformas sociales de mensajería, como WhatsApp, Facebook, Twitter o Viber. La justificación está clara para el presidente Yoweri Museveni, perenne en el poder desde hace más de 30 años. Las redes sociales han espoleado el cotilleo y esto no puede seguir así, según Museveni.
Impuestos a Internet
La nueva ley también incluye impuestos a las transacciones móviles, una herramienta que en algunas zonas de África, sin acceso a la red de sucursales bancarias, facilita el intercambio de bienes y servicios.
Ambos impuestos no son fáciles de recaudar, teniendo en cuenta que cada vez existen más plataformas de pagos móviles P2P, que no pasan por los bancos. Especialmente difícil de controlar será el impuesto a WhatsApp y el resto de redes sociales. Pues esto implicaría la colaboración de Facebook y las otras compañías, que en principio no parecen tener ningún motivo para ceder los datos de sus usuarios para este fin.
Lo cierto es que cuando Museveni encargó a su ministro de Finanzas recaudar más dinero para pagar la enorme deuda del país insistió en que parte de estos fondos se obtuvieran mediante un impuesto a las redes sociales. Sin embargo, se mostró contrario a grabar el uso de Internet, alegando que contribuye a fines educativos y de investigación.
Los críticos del gobierno ugandés afirman que la nueva legislación, además de prevenir el cotilleo, también puede coartar la libertad de expresión. En los últimos años, las redes sociales se han configurado como una herramienta importante en el ámbito político, tanto para el gobierno como para la oposición.