¿Está en la Justicia el mayor peligro para las democracias?

La izquierda no hubiera perdido el poder en Portugal sin que la justicia incoara una actuación falsa sobre Antonio Costa que le llevó a dimitir por nada y adelantar elecciones. El caso de nuestros vecinos deja claro que a veces no hace falta más que incluir un nombre en una investigación aunque no haya nada concreto para lograr el objetivo político de tumbar a un gobierno. No hay control efectivo sobre las actuaciones judiciales cuando estas se inmiscuyen en el poder político. Estamos inermes ante la actuación salvapatrias de los miembros de la judicatura o la fiscalía y Portugal es el ejemplo extremo de lo que en España estamos viendo estos últimos meses por la negación de la alta judicatura de asumir su papel y no extralimitarse. Lo que nos enseñó Antonio Costa es que un gobierno puede caer sin ser corrupto si la justicia encuentra la manera de poner el nombre del presidente en una resolución. Los precedentes de las actuaciones judiciales en España no son halagüeñas y es obligado preguntarse si el mayor peligro para nuestra democracia se encuentra en la justicia.

Uno de los mitos más consolidados surgidos del edulcorado relato de la transición es el de la independencia judicial y la posibilidad de tener un juicio justo teniendo una posición política de confrontación con el sistema. La judicatura ha sido el brazo togado de la reacción desde la muerte de Franco y perdurando hasta nuestros días. Solo hay que hacer memoria. Un magnífico libro sobre el 23F escrito por Carlos Fonseca nos explica con una mirada histórica cómo no es posible encontrar justicia en España cuando lo que se dirime es un delito político. Buscar los precedentes en el juicio del golpe que sí lo fue ayuda a comprender la actuación actual en el golpe que no lo fue.

José de Diego López es un nombre que resultará desconocido para el común de los ciudadanos aunque sea el juez y general encargado de instruir la causa del Golpe de Estado del 23F en el tribunal del Consejo Supremo de Justicia Militar. La historia del independiente juez comenzó durante la Guerra Civil cuando se pasó al bando fascista y se incorporó a sus servicios jurídicos al mando de Gonzalo Queipo de Llano. El juez José de Diego llegó a teniente coronel en los años 50 llegando a Jefe Superior de la Policía en Barcelona desde el 22 de octubre de 1956 hasta el 13 de agosto de 1957, posteriormente fue director general de Seguridad a las órdenes del entonces ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega. Tras ese cargo fue nombrado Subdirector General de la DGS (Dirección General de Seguridad) en Madrid. Fue en este cargo cuando apareció en portada del diario ABC el 3 de agosto de 1963 junto a Carlos Arias Navarro felicitándose por la detención de los anarquistas Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez; estos acabarían siendo ajusticiados por garrote vil catorce días después de esa portada con el sonriente juez instructor del caso de nuestro golpe de Estado. Los beneficios judiciales de los encausados por el golpe fueron una lógica consecuencia a estos datos. Una democracia libre con una judicatura independiente.

Ni lo fue en su momento cuando jueces franquistas represores hacían favores a golpistas ni lo es ahora cuando defienden sus intereses políticos y de clase. La alta judicatura se ha convertido en el mayor peligro para la democracia. Es posible que la justicia pueda hacer honor a su nombre cuando no media disputa política pero no hay manera de confiar en ella cuando lo juzgado es un delito político que la alta judicatura ha tomado como un tema personal. Ya no existe capacidad para la sorpresa cuando se trata de analizar el comportamiento de la judicatura española. Ángela Martialay, periodista de tribunales de El Mundo, explicaba que los jueces creen que la ley de amnistía tiene un punto ciego que podría ser interpretado para eludir a Carles Puigdemont de su aplicación. Entiendo y comprendo, porque es su papel, que el juez que un día tenga que aplicar la ley de amnistía pueda eludir aplicarlo si considera que un precepto no incluye algún delito encausado. Es normal, es su labor. Lo que resulta asombroso es que haya jueces que estén estudiando cuál puede ser el punto ciego para condenar a Carles Puigdemont a pesar de la aprobación de la ley de amnistía. Porque mensajes como el que Martialay mandó citando fuentes de la judicatura es que existen jueces que ya han condenado a Carles Puigdemont sin que se celebre el juicio y están buscando la manera de llevarlo a término buscando el artificio jurídico que permita evitar la medida de gracia que la semana que viene aprobará el Congreso de los Diputados.

Cada decisión de los tribunales y cada declaración arma de razones a quienes han considerado que la única manera de aprobar una ley de amnistía, que estando de acuerdo o no con ella es atribución exclusiva del legislativo, que no sea boicoteada por los jueces que ejercen de políticos es coger como referencia la legislación europea para evitar el abuso de ley que se está haciendo con el laxo delito de terrorismo de nuestro artículo 573 del Código Penal. El problema de base es una reforma penal que se produjo en 2015 y que permite que cualquier hecho pueda ser considerado terrorismo. Pero esa reforma no obliga a los jueces a retorcer los hechos para que un carrito portaequipaje sea equiparado a un explosivo por su similar capacidad destructora. Nuestro código penal permite que, sin prevaricar, un juez en España quiera encausar por terrorismo a quien de manera objetiva no ha cometido ningún hecho terrorismo porque la redacción del texto es tan extensiva que cualquier hecho puede ser preceptivo de ser considerado un delito de terrorismo con el redactado imaginativo conveniente.

La separación de poderes no significa que los jueces estén por encima de la soberanía popular, cuando la derecha defiende esta soberanía lo hace porque sabe que el poder judicial está cooptado ideológicamente desde que se conformó una saga jurídica en el Franquismo que se consolidó durante la Transición y llega a nuestros días. La derecha no tiene ningún temor ante una actuación judicial orquestada contra sus principios y valores que ponga en cuestión la legitimidad de su poder cuando ocupa el ejecutivo, ese temor es patrimonio de la izquierda y de aquellas ideologías que confrontan directamente contra una casta jurídica que cree que su labor es preservar la esencia del paso de la ley a la ley que se consignó tras la muerte del dictador. Sí, el mayor peligro para nuestra democracia es una actuación extensiva de la ley por parte de la judicatura porque ni siquiera la izquierda siendo víctima de la maniobra se atrevería a denunciar un golpe blando de ese porte para seguir preservando la esencia democrática de este país. Si la justicia hiciera a Pedro Sánchez lo mismo que se ha hecho a Antonio Costa en Portugal todos callarían, inclusive el PSOE, para que la farsa siguiera su curso.