Patente de corso para el CNI

La presidenta del CNI ha explicado en una comisión secreta que algunas escuchas de las denunciadas han sido autorizadas por un juez. Asunto cerrado, no pregunten más, que por algo los servicios de inteligencia son secretos. Existe un dramático consenso en la opinión publicada que asegura que nunca podremos saber qué ha ocurrido, ni quién ha espiado ni a quién, ni cuál es la razón y que tendremos que creer que todo se ha hecho acorde a la ley y porque los espiados lo merecían. Algo, que solo es posible valorar cuando se tengan todos los datos. Pero nos quieren hurtar la información. No es difícil comprender las motivaciones por las que se quiere mantener en la opacidad las actividades del servicio secreto una vez descubiertas.

Entre lo que reconoce la directora del CNI y lo que se sabe hay una brecha por donde se desangra el Estado de derecho. Los espionajes reconocidos son solo 18 de los más de 60 que salieron a la luz y que la jefa del espionaje creen que están justificados porque están autorizados por un juez sin que se den explicaciones por el resto de escuchas. La argumentación, peregrina, es que el CNI tiene entre sus atribuciones proteger la integridad del Estado y que los hechos de octubre de 2017 justifican esas investigaciones. Para dar validez a ese argumento necesitamos una información que no se quiere facilitar porque de hacerlo dejaría en evidencia la podredumbre de muchas actuaciones que han roto todas las líneas rojas entre lo que es la distinción entre perseguir una actividad política de una actuación delictiva. Necesitamos saber: ¿Quién las ha ordenado? ¿Quién las ha realizado? ¿Están autorizadas por un juez? ¿Por qué motivo? ¿A quiénes? ¿En qué fecha?

Que un juez esté detrás de unas escuchas no las convierte en legales, porque estos también pueden prevaricar. Hace falta mucha más información para concluir que el espionaje a un responsable político por ejercer su actividad política y defender unas ideas protegidas por la constitución ha sido legal. ¿Por qué Pere Aragonés ha sido espiado siendo vicepresidente de la Generalitat? ¿Por ser independentista? ¿Por defender políticamente que Cataluña tiene que ser una república independiente? ¿En qué fechas se le espió?

Que los servicios de inteligencia sean secretos no indica que estén al margen de la ley y de la fiscalización de las instituciones porque eso haría que estuviéramos sometidos a un Estado paralegal. El CNI ha tenido que reconocer por una investigación independiente en el extranjero una parte de su labor, pero eso no significa que operen de manera legal de forma cotidiana. Las actuaciones conocidas dejan espacio para que sientan terror todos aquellos que tienen unas ideas periféricas a las que el CNI pueda considerar aceptables. Ha quedado claro que no existe ninguna intención política, institucional y mediática de controlar los modos de actuación del servicio de inteligencia que dejan en un estado de indefensión a muchos actores políticos, sociales y mediáticos que creían que sus ideas tenían amparo constitucional.

Al CNI se le ha otorgado patente de corso porque los constitucionalistas no creen en la Constitución. Existe un Estado profundo formado por policía patriótica, agentes secretos oscuros, jueces parciales y partidos que los protegen y que consideran que solo sus ideas son las que pueden concretarse en leyes y que consideran traidores a todos los que piensen de manera distinta. Al otro lado de este Estado paralegal nos encontramos el resto de ciudadanos con ideas diferentes a las que defiende el búnker PSOE-PP-VOX-Ciudadanos que en materia institucional funcionan como un ente indisoluble. Los que creíamos de manera inocente que había ideas que se podían defender en democracia mientras no se utilizara la violencia ya tenemos las pruebas de que si un salvapatrias de ideas predemocráticas considera que eres un enemigo de España podrá violar tu intimidad y tus derechos fundamentales. La democracia se basa en el contrato social de que toda las ideas pueden ser representadas mediante la concurrencia en las urnas para llevar a cabo sus propuestas, el espionaje Pegasus es una ruptura de ese acuerdo tácito que dice a los implicados que sus ideas son sospechosas de ser delictivas y que se actuará con todas las herramientas legales e ilegales para evitar que puedan concretarse en leyes y reformas. La opacidad del gobierno con el espionaje a líderes políticos legales es la ruptura del pacto democrático. No extraña que quieren irse.