Hacia la investidura

Bolaños admite que "ni Junts se fía del PSOE, ni el PSOE de Junts" y defiende la figura del mediador internacional

El ministro de la Presidencia en funciones asegura que el diálogo ha sido clave para el pacto y que hay un compromiso de buena fe para que la legislatura avance con todos los socios, aunque reconoce "desconfianza" mutua con Junts.

Félix Bolaños admite "una situación de desconfianza entre Junts y el PSOE", plasmada incluso "por escrito" en el pacto de investidura. Así lo ha reconocido este viernes en Al Rojo Vivo, donde ha apuntado que ambos partidos tienen "una visión y unos posicionamientos muy diferentes y muy distantes". "Hemos sido capaces de sentarnos, de llegar a un acuerdo", ha reivindicado no obstante el ministro de la Presidencia en funciones, que ha subrayado que en el acuerdo "también se habla de la legislatura".

Así, ha apostado por generar confianza "con el camino, caminando y siendo capaces de llegar a acuerdos, de dialogar y de buscar puntos y puentes de entendimiento" donde ambas formaciones se encuentren cómodas: "Esa confianza se hará caminando, pero lógicamente partimos de posiciones diferentes", ha reiterado.

Previamente, Bolaños defendía en la 'Cadena SER' la necesidad de un "mecanismo internacional" de verificación de los pactos con Junts ante esa "desconfianza" mutua y "posiciones muy distintas", por lo que ve bien que haya un "acompañante" en el proceso: "Ni Junts se fía del PSOE, ni el PSOE de Junts", reconocía.

Causas administrativas y contables, dentro de la amnistía

En la misma entrevista, Bolaños ha explicado que la idea es que la ley de amnistía "beneficie a todas las personas con causas penales, administrativas o contables derivadas o vinculadas al proceso soberanista" desde 2012 "y lo que esté fuera" de este supuesto no será amnistiado. "Lo que esté dentro del proceso soberanista será amnistiado y lo que esté fuera no será. Eso lo tiene que decidir un juez, nosotros no tenemos nada que decir", ha apuntado Bolaños, que asegura que los grandes beneficiarios del acuerdo del jueves con Junts y de la ley de amnistía es "toda la ciudadanía catalana y española" porque "vamos a superar una tensión que era insoportable".

Preguntado en concreto sobre si estará incluido el caso de la expresidenta del Parlament Laura Borràs ha respondido que la norma "no está hecha para beneficiar a ninguna persona" concreta. Bolaños ha comentado que todavía queda "algún detalle técnico" de la amnistía que van a resolver "próximamente" y ha añadido que registrarán la proposición de ley en el Congreso después de hablar con los grupos parlamentarios que "la van a apoyar".

Ha explicado que la ley de amnistía ya está "pactada", en alusión a los acuerdos suscritos con ERC y Junts, pero queda "algún detalle técnico" que asegura que van a "resolver próximamente". "Y tan pronto como esté el texto definitivo, tenemos que hablar con los grupos parlamentarios que la van a apoyar y la presentaremos en el Congreso", ha añadido el ministros socialista, alejando así la posibilidad de que la proposición de ley se registre este mismo viernes.

En la misma línea, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, ha asegurado en una entrevista en TVE que se están cerrando los últimos flecos para presentar la ley, porque, según ha dicho, es un texto complejo que tiene que ser muy solvente y seguro jurídicamente, y se ha mostrado convencido de que habrá tiempo para registrar el texto antes de la sesión de investidura .

La intención del PSOE es registrar la ley de amnistía junto a los grupos parlamentarios que van a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, entre ellos Junts, con quien pactaron que las conclusiones de las comisiones de investigación del Congreso tendrán en cuenta en la aplicación de esta norma los casos que pudieran derivarse de "lawfare" o judicialización de la política.

Ante las críticas de las asociaciones judiciales, Bolaños ha recalcado que "no es la intención en absoluto que una comisión de investigación pueda afectar a una decisión judicial" y ha señalado que el objetivo es hacer "conclusiones en paralelo a los procedimientos judiciales abiertos" a través de dos comisiones ya creadas en el Congreso (la de la Operación Cataluña y Pegasus).

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