MULTA
El Gobierno está a punto de dar un paso muy serio para proteger una parte de la comunidad demasiado frecuentemente ignorada: las personas con movilidad reducida.
El Gobierno está a punto de dar un paso muy serio para proteger una parte de la comunidad demasiado frecuentemente ignorada: las personas con movilidad reducida. En una propuesta impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, se plantea elevar la multa por aparcar sin autorización en plazas reservadas para personas con discapacidad de 200 a 500 euros.
La medida pretende reclasificar esta acción como una infracción muy grave, frente a la categoría actual de infracción grave. Esto haría que la sanción pase de los 200 euros actuales (100 euros en caso de pronto pago) a 500 euros, con la posibilidad de reducirse a 250 euros si se abona en los primeros 20 días.
El motivo es claro: según los promotores de la iniciativa, la sanción vigente “no resulta en absoluto disuasoria” y muchas personas con movilidad reducida siguen encontrando plazas adaptadas ocupadas indebidamente. La modificación busca frenar esta conducta y garantizar el acceso real a los aparcamientos reservados.
La propuesta ya ha sido admitida a trámite en el Congreso y ahora comienza el periodo de enmiendas. Una multa severa para un gesto aparentemente pequeño, pero que para muchos representa una enorme barrera de movilidad.