¿Por qué ha subido la media de emisiones en España?
El parque automovilístico español no solo es cada vez más viejo, sino que además, emite cada vez más CO2 incluso entre los coches nuevos
El mercado español -y europeo- está atravesando un duro camino, sumido en una profunda depresión que hace que cada día se vendan menos coches que el día anterior. Esta grave caída, motivada en parte por la desaceleración económica mundial y en parte por la incertidumbre en el sector automovilístico, está trayendo consigo numerosas consecuencias, consecuencias nada positivas.
Si hace unas semanas informábamos de que el primer semestre de ventas de 2019 ha sido verdaderamente malo en toda España, no podemos más que reafirmarnos también en el mercado europeo, donde las ventas no paran de caer. Ahora, además, surge otro factor de riesgo del que ya se avisaba desde hace tiempo: el miedo al diésel y sus consecuencias.
¿A qué nos estamos refiriendo? A nadie le sorprende ya que las ventas de vehículos nuevos equipados con motores diésel está cayendo en picado, consecuencia en parte del miedo del consumidor a las restricciones de circulación pero también consecuencia de una gestión por parte de la clase política cuanto menos dudosa, poniendo en entredicho la viabilidad de un combustible que, en los vehículos más modernos, ha demostrado ser tanto o más limpio que la gasolina.
Sin embargo, con unas ventas de diésel absolutamente por los suelos, unas ventas de motores gasolina disparadas y unas ventas de híbridos y eléctricos aún demasiado escasas como para compensar las emisiones de los vehículos más convencionales, ahora conocemos la noticia de que la media de emisiones de CO2 del parque automovilístico español ha aumentado por primera vez en muchos años.
¿Qué supone esto para el consumidor medio? Básicamente nada: un vehículo con motor de combustión produce CO2 de forma proporcional al combustible que consume, por tanto, si la media de emisiones de CO2 ha aumentado es, básicamente, porque hay más coches que consumen más carburante. Para la industria y las administraciones estatales, sin embargo, supone todo un reto: deben reducir lo antes posible y lo máximo posible las emisiones de CO2 si no quieren recibir sanciones por parte de la Unión Europea.