CASO SOULE

Anticorrupción pide 15 años y medio de cárcel para el expresidente de la RFEF, Ángel Villar, por beneficiarse con partidos de la Selección

Los detalles
El escrito de la Fiscalía sostiene que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol se aprovechó de su cargo para "beneficiar a personas físicas y jurídicas de su entorno en connivencia con otros acusados", causando un agujero en la RFEF de 4,5 millones de euros.

Ángel María Villar, en rueda de prensa

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, sea condenado a 15 años y medio de cárcel y a 966.000 euros de multas, más indemnizaciones que superan los 4,5 millones de euros por las presuntas irregularidades en la RFEF con las que se benefició tanto él como su hijo y otros seis acusados. Los delitos que se le atribuyen son administración desleal, delito continuado de corrupción en los negocios, delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad en documento mercantil.

En un claro escrito de acusación, al que ha tenido acceso laSexta, Anticorrupción sostiene que "entre al menos los años 2007 y 2017 los acusados Ángel María Villar y Juan Antonio Padrón [expresidente de la Federación Canaria], aprovechándose de los cargos que ocupaban como presidente y vicepresidente económico de la RFEF, respectivamente, (...) beneficiaron a personas físicas y jurídicas de su entorno en connivencia con otros acusados".

Lo hicieron, detalla, "bien con la consecución de contratos a su favor en condiciones económicas perjudiciales para la RFEF, bien mediante el pago con cargo a fondos de la RFEF de retribuciones que o no se correspondían con ninguna prestación de servicios o no en las condiciones que se retribuían".

Partidos amistosos de la Selección Española

La operación fraudulenta señalada por la Fiscalía se remonta en concreto a 2009, cuando Villar "decidió la celebración de algunos de los partidos amistosos de la Selección Absoluta de Fútbol de acuerdo con lo convenido con su hijo, el también acusado Gorka Villar". Para la Fiscalía, estos partidos tenían el fin de "beneficiar a éste personalmente, y a través de su sociedad Sport Advisers, mediante la obtención de contratos entre ellos y las federaciones que resultaban favorecidas con su selección para esos partidos".

En suma, la Fiscalía recoge que toda esta actividad generó un agujero en la RFEF de 4.514.441,72 euros, cantidad que reclama en concepto de indemnización a Villar y otros acusados.

De esta cantidad, Anticorrupción atribuye unos beneficios para el hijo de Villar y su sociedad de 366.583,08 euros.