La sede de París 2024, investigada y registrada por la policía a un año de los JJOO

La sede del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos que se disputarán en París en 2024 ha anunciado que recientemente se ha producido un registro policial en su sede por presunta corrupción. Esto se suma a que los trabajadores que han construido los estadios denuncian condiciones miserables.

De hecho, esta investigación no solo salpicaría al Comité, sino también a Solideo: el ente público a cargo de la construcción de las instalaciones olímpicas. Se les investiga por posible malversación de fondos públicos, favoritismo y conflicto de intereses contractuales previos a la adjudicación de las obras.

El propio Comité se ha encargado de elaborar un comunicado que explica la situación: "Un registro está en marcha en estos momento en la sede del Comité Organizador. París 2024 colabora plenamente con los investigadores".

El registro que se ha producido justamente el mismo día en el que 'France Info', emisora pública francesa, informara que varias grandes constructoras encargadas de las obras para los Juegos han sido demandadas por trabajadores sin papeles.

Los trabajadores denuncian que se encuentran en una situación laboral sin contrato y en la que no se respetan, entre otras irregularidades, los horarios y descansoslaborales.

Sin embargo, desde el Comité aseguran que "no tenían conocimiento" de que existiera ningún tipo de investigación judicial en su contra.

Una investigación que, según 'L'Équipe', fue realizada por miembros de Oficina Central de la Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF) y la brigada financiera de la Policía Judicial de París.

Polémica por las denuncias de los empleados

Este registro ocurre a un año del inicio de los Juegos, con una creciente polémica por las denuncias de los empleados.

Algunos aseguran que Franciano es mejor que Qatar, donde hubo hasta 6.500 muertes relacionadas con las malas condiciones laborales, según estimaciones de 'The Guardian'

En París, la mayoría de trabajadores proceden de Malí y Republica democrática del Congo. Detallan abusos como trabajar sin contrato, nómina o vacaciones, estar obligados a comprar su propio equipo de protección o no poder faltar en caso de enfermedad.

No es el único escándalo atribuido al gobierno de Emmanuel Macron, que aconsejó que los mendigos de la capital fuesen acogidos en otras ciudades, o que recomienda expulsar a los estudiantes de sus residencias para asegurar el alojamiento a los turistas.