EL GOBIERNO PREPARA ARGUMENTOS PARA DEFENDER A LOS CLUBES
La CE abrirá expediente a siete clubes españoles, entre ellos el Barça y R.Madrid
La Comisión Europea abrirá esta semana una investigación oficial contra siete clubes de fútbol españoles por posibles ayudas de Estado ilegales, según ha adelantado el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo. Los equipos afectados, por distintos motivos, son Real Madrid, FC Barcelona, Athletic, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche, ha confirmado García-Margallo.
El ministro ha asegurado que para el Gobierno no se ha producido ilegalidad "en ninguno de los casos" y que por ello tiene preparadas alegaciones para todos ellos. "Es obvio que el Gobierno va a dar la batalla hasta el final en defensa de los clubes españoles, que también forman parte de la marca españa", ha señalado García-Margallo.
La CE investiga a los 7 clubes citados por tres motivos distintos, al considerar que se han podido beneficiar de apoyos públicos incompatibles con las normas comunitarias. El Real Madrid, el Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Osasuna son investigados por su estatus fiscal, pues son los cuatro clubes de Primera que no son sociedades anónimas y se considera que esto podría darles ventaja.
En segundo lugar, Bruselas investiga al Valencia, el Hércules y el Elche por las supuestas ayudas del Instituto Valenciano de Finanzas. Además, el Real Madrid es investigado por una permuta de terrenos para la construcción de su ciudad deportiva y el Athletic por el papel de la sociedad pública puesta en marcha para construir el nuevo estadio San Mamés. Bruselas había mantenido todas esas investigaciones en una fase preliminar, aunque algunas de ellas habían trascendido en respuestas a preguntas parlamentarias e informaciones de prensa.
Según García-Margallo, la CE notificará oficialmente el expediente "el día 18 ó 19", momento en el que se abrirá "un procedimiento de un mes para preparar alegaciones, que ya están preparadas en todos los casos". Posteriormente, ha indicado el ministro, habrá un plazo de tres meses para que cualquier otra parte presente alegaciones y luego se adoptará una decisión, por la que o bien se declarará que no hay ayudas incompatibles con el mercado interior y se cerrará el caso, o bien se obligará a las partes a una devolución.