Alcoa estudia cerrar su planta de aluminio en Lugo, de la que dependen 2.000 empleados

Los trabajadores aseguran que la empresa no les ha informado y reunirán a su comité para pedir explicaciones a la dirección. Más de 2.000 empleos y un tercio del PIB de la provincia dependen de su actividad.

Alcoa presentará alegaciones al borrador del Gobierno sobre la industria electrointensiva antes de que acabe el plazo el próximo 27 de marzo, al considerarlo "insuficiente e incierto" para la industria del aluminio en España y poner en riesgo su planta de San Cibrao (Lugo), según han explicado fuentes de la empresa.

Para la multinacional, este borrador "no aporta la solución que la industria del aluminio primario necesaria en España para su sostenibilidad", ya que mantendría un "significativo diferencial" en el coste de energía respecto a los demás países competidores.

Además, Alcoa considera que las medidas planteadas por el Gobierno son "inciertas", porque no ofrecen una garantía sobre la aplicación efectiva de la compensación de costes indirectos de dióxido de carbono (CO2).

Por todo ello, la compañía admite que, si las medidas se limitan a lo que recoge el borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, la viabilidad de su planta de aluminio en San Cibrao (Lugo), la única que está exenta del ERE que ha aplicado a sus fábricas de Asturias y La Coruña, también estaría en riesgo.

Respecto a estas dos plantas, cuyo procedimiento de despidos está a la espera de la búsqueda de un nuevo inversor que se pueda hacer cargo de ellas antes del próximo mes de julio, Alcoa alega que las nuevas medidas incluidas en el borrador también amenazan con truncar el interés de posibles compradores.

En su opinión, las medidas propuestas por el Gobierno "no solo dificultarán la venta de las operaciones de aluminio en Avilés y La Coruña, sino que pondrán en riesgo la viabilidad de la planta de aluminio de San Ciprián".

Por esta razón, la compañía ya ha avanzado que presentará las oportunas alegaciones al borrador en la búsqueda de un marco energético "que garantice costes competitivos y certidumbre, en línea con los países del entorno".