La banca acuerda más de 2.000 daciones en pago y refinancia casi 6.500 hipotecas

Esto ha permitido que 19.500 familias se hayan beneficiado de las medidas promovidas por el Gobierno y adoptadas por 45 entidades financieras para afrontar el problema de los desahucios, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Economía. En concreto, desde marzo de 2012 y hasta mayo pasado, la banca recibió 23.989 peticiones de familias para buscar una salida a la hipoteca de su vivienda habitual.

De todas esas solicitudes, en 6.498 casos las entidades optaron por allanar el pago de la hipoteca, concediendo mayores facilidades para el pago del préstamo sin abandonar la vivienda y en otros 2.124 casos se aprobó la dación en pago.

El Ministerio de Economía destaca que las solicitudes presentadas reflejan un progresivo aumento, que ha hecho, por ejemplo, que solo el pasado mayo se registrarán 2.207 frente a las 4.385 de todos el primer año de aplicación del código de buenas prácticas. A este código están adheridas prácticamente todas las entidades financieras de forma voluntaria, aunque los compromisos a la hora de facilitar soluciones al problema de los desahucios son obligatorios, recuerda el departamento que dirige Luis de Guindos.

La mayor acogida de las medidas del código para frenar los desahucios se debe a que se ampliaron y flexibilizaron los criterios para que una familia pudiera acogerse, pues antes era condición necesaria que no tuviera ningún ingreso y ahora pueden hasta triplicar el IPREM, lo que equivale a unos 1.597,53 euros mensuales.

La condición es que la unidad familiar sufra una alteración significativa de las circunstancias económicas durante los últimos cuatro años y su cuota hipotecaria supere la mitad de los ingresos. En cuanto a las viviendas cedidas por la banca en régimen de alquiler social, desde enero de 2013 cuando empieza a funcionar esta iniciativa se han recibido 1.789 solicitudes de viviendas, de las que se han adjudicado 927 y firmado 695 contratos.

Y la previsión es que estas cifras vayan en aumento porque el pasado mayo, el Gobierno decidió ampliar los supuestos para optar a una vivienda en régimen de alquiler social al permitir que las familias puedan mantenerse en su domicilio aunque ya no sean propietarios del mismo.

Es decir, aunque una orden judicial ordene el desalojo porque la vivienda debe pasar a manos de la banca o el cliente entregue directamente las llaves para saldar su hipoteca, las entidades pueden acordar que se quede en el inmueble pagando un alquiler reducido.

En cualquier caso, las viviendas del fondo social están destinadas a aquellos que, como consecuencia de un desahucio, perdieron la titularidad de su casa después del 1 de enero de 2008. Según los nuevos criterios, pueden optar a una de estas propiedades las familias con hijos menores de edad, las personas discapacitadas o dependientes; prejubilados o jubilados que hayan avalado a sus hijos o nietos, entre otros.