Y otros cuatro países
Bruselas investiga si la entrada de capital chino ha dado una "ventaja injusta" al sector eólico en España
La Comisión Europea ha lanzado una investigación sobre las inversiones chinas y su posible afectación al desarrollo de parques eólicos en España, Grecia, Francia, Rumanía y Bulgaria. Bruselas tendría indicios de que se podrían "haber beneficiado de subsidios extranjeros".
La Comisión Europea ha abierto una investigación formal para determinar si la entrada de capital chino en el desarrollo de parques eólicos en cinco países de la Unión Europea, entre ellos España, supone una ventaja indebida que distorsione la competencia en el mercado comunitario.
Así lo ha anunciado desde Estados Unidos la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager, durante un discurso en Princeton en el que ha advertido de que China es para la UE "a la vez, un socio, un competidor económico y un rival sistémico" que se ha forjado una "posición fuerte" a nivel global "no siempre jugando limpio".
"Puedo anunciar que hoy lanzamos una nueva investigación sobre proveedores chinos de turbinas eólicas. Investigamos las condiciones para el desarrollo de parques eólicos en España, Grecia, Francia, Rumanía y Bulgaria", ha indicado la liberal danesa.
Según indican fuentes comunitarias, Bruselas tiene indicios de que algunos fabricantes del sector y otras compañías activas en el mercado interior "pueden haberse beneficiado de subsidios extranjeros que les han asegurado una ventaja injusta" sobre otros competidores y que ello "puede haber distorsionado la competencia".
Las nuevas reglas de la Unión Europea para proteger sectores clave de distorsiones por subsidios extranjeros permiten a Bruselas investigar si existen subsidios extranjeros a empresas que optan a contratos públicos en la UE y medir sus efectos, de modo que pueda imponer medidas correctoras si se establece que estos apoyos suponen una distorsión de la competencia.
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Si se confirman las irregularidades cuyas sospechan motivaron la apertura de la investigación, Bruselas puede acordar compromisos con las empresas para corregir las distorsiones o prohibir la adjudicación de los contratos.
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