La defensa de Zapatero pide al juez Calama la resolución que autorizó analizar los dispositivos incautados a Rodolfo Reyes

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero pide al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que acuerde requerir a la Fiscalía Anticorrupción la resolución judicial motivada que autorizó y habilitó el análisis del contenido de los dispositivos que se incautaron para cumplimentar la Orden Europea de Investigación y la Comisión Rogatoria Internacional", en referencia a los dispositivos de Rodolfo Reyes.

En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, advierten que, si no existe tal autorización, dichas conversaciones "tienen que ser excluidas del procedimiento", "con las consecuencias procesales que ello conlleva" y ello comprendería, "en su caso, promover un incidente de nulidad".

El abogado Víctor Moreno Catena se refiere a un disco duro denominado "crucial" que contiene conversaciones de un abogado imputado en el caso, Miguel Palomero, y "otras conversaciones privadas de terceros afectados por las entradas y registros" que se practicaron en 24 de octubre de 2024 en atención a unas solicitudes de cooperación jurídica internacional de Francia y Suiza.

Dichas conversaciones, explica el abogado, han sido analizadas en informes policiales de la UDEF, figuran en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en noviembre de 2025 y dio lugar a la apertura de una pieza separada en el juzgado de Madrid que comenzó investigando el caso Plus Ultra y que después lo derivó a la Audiencia Nacional.

De hecho, el abogado subraya que la resolución que remitía el caso a la Audiencia Nacional tenía "base" en un chat denominado "Danilo-España" y en ella la jueza consideró "que podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países".

La defensa apunta también que las conversaciones fueron analizadas en unas diligencias de investigación preprocesales que abrió Anticorrupción en diciembre de 2025, cuando el asunto estaba en el juzgado de Madrid.

El abogado subraya en definitiva que el material digital fue intervenido "con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero" (Francia y Suiza), si bien ha sido "utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto".

Y eso requiere "una habilitación judicial" que ahora solicita en su escrito, en el que pide "que se depure si la fuente de prueba y sus derivaciones fueron regularmente obtenidas".

"La eventual irregularidad en el origen se proyecta, por la vía de la prueba refleja, sobre todo el material derivado que se emplee frente a él (Zapatero)", indica.

Por ello, reclama que la Fiscalía indique qué resolución judicial autorizó "a las fuerzas policiales el análisis de las comunicaciones privadas aludidas, así como el lugar de esta compleja instrucción, de ida y vuelta, donde esa autorización se encuentra" para que "se pueda asumir como una diligencia que fue regularmente obtenida".

Y advierte de que, si no se hubiese obtenido dicha autorización, "las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas porque las actuaciones policiales se habrían producido sin la habilitación legal exigida por la Constitución, y habrían quedado irremediablemente vulnerados el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, el derecho fundamental a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales".

Se trata de una prueba importante en esta investigación, en la que los directivos de Plus Ultra apuntaban a que Zapatero estaba detrás del rescate. La defensa quiere saber si se basaron en una resolución judicial, cuestionando la cadena de custodia de dichos mensajes.

Zapatero está investigado como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra y a cambio de supuestas comisiones, en la que también están imputadas sus hijas.

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