Cargos de Podemos piden crear una empresa pública de energía para frenar la subida en el precio de la luz

Varios cargos de Podemos han vuelto a reivindicar la creación de una empresa pública de energía como método para "combatir" la subida de la tarifa de luz, medida que ha incluido en diversas ocasiones en su programa electoral.

Es el caso de la ministra de Derechos Sociales y aspirante a liderar Podemos en la próxima Asamblea Ciudadana de la formación, Ione Belarra, quien ha apuntado que durante esta semana han cobrado "especial fuerza" dos debates.

El primero versa sobre la necesidad de "avanzar en un sistema fiscal global justo en el que las empresas contribuyan con un impuesto de sociedades del 15%" y el segundo radica en la "urgencia de contar con empresas públicas estratégicas, especialmente energéticas".

Tras las protestas contra la nueva estructura de la tarifa eléctrica en varias ciudades del país, el coordinador autonómico de Podemos en Castilla y León y miembros de la Ejecutiva estatal en funciones, Pablo Fernández, ha aseverado que la "subida de la luz es pésima noticia" y ha definido de "inaceptables" las nuevas tarifas por "tramos horarios".

"Que la ciudadanía se movilice ante ello, lógico", ha desgranado para sostener que "urge la creación de una empresa pública de energía y la prohibición de puertas giratorias que conllevan estos abusos".

Del mismo modo, la diputada de la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, también ha tildado de "inaceptable" el "tarifazo eléctrico". "Está claro que la mejor forma de combatirlo es la creación de una empresa pública de energía que garantice el acceso de toda la ciudadanía al derecho fundamental a la energía y los suministros básicos", ha zanjado.

La creación de una empresa pública de energía ya esgrimida por Unidas Podemos en el pasado mes de enero, cuando se produjo otra fuerte subida de la luz, si bien en la formación morada detallaban que no es una medida del acuerdo de gobierno en coalición y que la defienden en solitario.

El Consejo de Ministros ya ha aprobado otra de las medidas defendidas por la formación, la reducción de los denominados 'beneficios caídos del cielo' a las eléctricas, mediante un anteproyecto de ley que minorará en 1.000 millones la retribución de la energía generada por plantas hidroeléctricas y nucleares.