Los desahucios vuelven a crecer en España ante un sistema saturado y leyes incapaces de frenarlos

En el año 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez, que por entonces conformaban PSOE y Unidas Podemos, buscaba atajar la crisis económica y social que se avecinaba en España por la rápida expansión y contagiosidad del COVID-19. En un momento en el que el mundo se paralizó completamente, el escenario no fue distinto en nuestro país, donde se optó por activar medidas de urgencia para evitar daños letales derivados del frenazo en la actividad laboral y, por tanto, económica. Una de ellas, clave para la población, fue la suspensión temporal de los desahucios.

"Con el objetivo de que nadie quede fuera, el Gobierno ha regulado determinadas protecciones a aquellos colectivos que por su vulnerabilidad puedan ser objeto de desahucio". Es la frase que utilizó el Ejecutivo para bloquear los lanzamientos durante la pandemia. Ese año, las cifras relativas a la ejecución de desahucios sufrieron una caída abrumadora. Pero este descenso duró poco tiempo, pese a la prórroga del decreto: en 2021, el número de desahucios se acercó a niveles prepandémicos. A la prolongación de este escudo social destinado a grupos vulnerables que seguían aún muy afectados por los efectos de la crisis del COVID, el Gobierno sumó en 2023 la Ley por derecho a la vivienda.

Esta norma tenía entre sus objetivos principales llegar a donde no lo logró el escudo social: proteger a esos sectores vulnerables de posibles desahucios por impagos. Actualmente, a falta de un par de meses para que termine 2024 -y por tanto la vigencia del decreto anticrisis- ninguno de los pasos señalados anteriormente ha conseguido evitar que en el primer trimestre de este año el número de desahucios haya aumentado hasta un 12'8%, mientras que en el segundo lo ha hecho en un 7'8%.

Por regiones, Cataluña es donde más desahucios se han practicado tanto en términos absolutos (2.091), como cada 100.000 habitantes (25,9). Le siguen la Región de Murcia y el Principado de Asturias con 23 lanzamientos practicados cada 100.000 habitantes. Lejos de estas cifras están Navarra donde la tasa no supera la decena, como tampoco lo hacen las del País Vasco y Extremadura.

"La nueva ley protege, pero durante un tiempo"

"Detrás de estos números hay vidas de personas protegidas con medidas en papel y con poca acción", denuncia la subdirectora de Hogar SÍ, Maribel Ramos, en conversación con laSexta. Por eso, subraya la necesidad de "medidas reales y efectivas" ante una problemática que enfada gran parte de una sociedad. Prueba de ello son las manifestaciones masivas como la inundó Madrid y que prevén hacerlo en otras ciudades. O el escrache que sufrieron las ministras de Vivienda y de Universidades, Isabel Rodríguez y Diana Morant, cuando acudieron al barrio madrileño de Vallecas a firmar un protocolo para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda con el que, a ojos de la PAH Vallekas, tan solo pretendían "llenarse la boca".

Son muchas las voces que señalan que estas medidas no son más que "un parche" que solo sirve "para alargar cuatro meses a lo sumo el lanzamiento", asegura la abogada navarra Irene Otal en conversación con laSexta. "La nueva ley protege, pero durante un tiempo" en el que, a veces, lo único que consigue es "aumentar la angustia" de personas que esperan ser echadas de sus hogares. Esta prolongación del procedimiento judicial afecta a todas las partes implicadas: denunciantes, denunciadas y el propio sistema. Las principal modificación es que ahora "hay que cumplir una serie de requisitos" para poder ser considerado persona vulnerable y que así un Juzgado pueda frenar. Es decir, "no es una ley para todo el mundo".

Al tener en cuenta que se habla de vulnerabilidad económica y social, Ramos de Hogar SÍ asegura que la primera es 'fácil' de demostrar pues son requisitos cuantitativas, pero la segunda no tanto porque cada persona cuenta con "una situación contextual propia". Ejemplifica con el tipo de localidad de residencia del afectado, ya que "no es lo mismo en una gran ciudad donde la situación es inviable, frente a una más pequeña donde la disponibilidad de alternativas habitacionales es mayor".

Carga a los servicios públicos

En todo este proceso no solo afecta de forma negativa al inquilino. La mera realización de los informes que prueban su vulnerabilidad recae sobre unos Servicios Sociales ya sobresaturados, que además son responsables directos de encontrar esa vivienda alternativa para aquellas personas que se quedan sin su casa. Así, la insuficiencia de la norma se hace más palpable. La asistencia social "nunca es una prioridad en los presupuestos", lamenta Otal. Por ello, la saturación es altísima en estos servicios públicos.

Pero más allá de la falta de medios económicos, también hay problemas en el acceso a la información fiscal de estos departamentos públicos, lo cual dificulta que puedan acreditar de forma verídica el grado de vulnerabilidad de una persona. Es, en esencia, una cuestión "tremendamente complicada". Así lo valora, en declaraciones a laSexta, el economista Ángel Martínez Jorge, quien precisa: "Puede haber muchos falsos positivos y muchos falsos negativos". En esa línea, aclara que "no es que la ley sea ambigua, sino que no hay medios suficientes para acceder a la información necesaria".

Para Maribel Ramos, "no tiene ningún sentido que esta problemática la estén sosteniendo los servicios públicos". Incluso, critica que estos informes "alegan una situación, pero no aseguran el derecho a la vivienda". A sus ojos, "después del informe de Servicios Sociales tiene que haber una actuación" que, por el momento, solo contempla alargar un procedimiento judicial; "un retraso más en el proceso" a la hora de esperar la emisión del informe de vulnerabilidad por parte de Servicios Sociales. Así nos lo indican desde el despacho de abogados madrileño Emilio Rojas, especializado en la defensa de propietarios ante situaciones de impago. Aseveran que, en ocasiones, ese documento "no llega ni a la fecha de la vista".

Y los propietarios, ¿qué?

La crítica a esta protección también llega desde la parte propietaria. ¿Se ven los dueños de viviendas afectados por la forma en la que el Gobierno intenta frenar esta crisis? El economista Ángel Martínez asegura a laSexta que "da la sensación de que se está teniendo una mayor tolerancia al impago" al que cada vez más familias se ven obligadas. En esta línea, considera que los "sindicatos de inquilinos pecan de simplistas", focalizando tan solo en la parte del inquilino. Si bien dice no restar importancia a esta parte, sí señala que son "muchos miles los propietarios afectados" por esta ley que genera en ellos "sensación de frustración, inseguridad, e incluso, indefensión".

Es cierto que la norma contempla una indemnización como compensación a aquellos que se hayan visto afectados por el impago. Sin embargo, Martínez expone que todavía no se sabe en qué medida se están otorgando. Aun así, vaticina que esas cantidades "no serán muy cuantiosas". Por tanto, argumenta el economista, esa sensación de "indefensión" y "miedo" acaba reflejándose en el mercado inmobiliario, ya que los arrendadores prefieren "retirarse" de este. El abogado Emilio Rojas llega a asegurar a laSexta que muchos de sus clientes prefieren mantener su vivienda como segunda residencia o incluso venderla tras un procedimiento de desahucio.

Ese propietario individual no es quien tiene que ofrecer una alternativa

Ángel Martínez apunta a otro factor que estaría tensionando aún más esta crisis de la vivienda: como "cada vez somos más en menos sitios donde queremos espacio para vivir", en referencia a las grandes urbes, la oferta de vivienda podría ser todavía menor. En ese aspecto, detalla que esta mengua provoca "mayores precios, mayor competencia y diversificación de inquilinos". Y esto afecta de lleno a personas en situación de indefensión: por ejemplo, el economista avisa de que algunos propietarios ya están evitando alquilar a familias con niños puesto que constituyen un criterio por el que alcanzar esa vulnerabilidad. Con esta lógica, concluye que la misma ley que pretende protegerles está "excluyéndoles del mercado".

Una responsabilidad añadida sobre el propietario que también ve Ramos, la cual insiste en que esta ley no tiene sentido si no se tiene una alternativa habitacional para aquellos que no puedan pagar. De hecho, asegura: "Ese propietario individual no es quien tiene que ofrecer una alternativa". Por ello, considera "importante pasar a tomar medidas de carácter preventivo, porque la vivienda se ha convertido en uno de los factores que más marcan la desigualdad en España" y ante ello "faltan pilares básicos". Y en esa misma línea se posiciona también Otal: sin una apuesta clara por un parque público, la norma no es más que "un parche" a corto plazo para "unas causas que van a seguir existiendo".