Guerra entre Montoro y las comunidades autónomas tras las exigencias por incumplimiento del déficit de 2015

El encuentro entre Montoro y las CCAA por las medidas para cumplir el déficit tiene un orden del día deliberativo, como adelantó el propio ministro, quien aseguró que es "bueno hablar". Muchos consejeros han avanzado sin embargo que lo que expresarán son quejas y advertencias a Hacienda de que no van a cumplir alguna de sus exigencias.

Montoro presentará a los consejeros informes sobre el déficit de 2015, la evolución fiscal del periodo 2011-2015 y las medidas que hay que adoptar tras la recomendación de la Comisión Europea a España por el exceso del año pasado: un acuerdo de no disponibilidad para que no dediquen a gasto nuevo los ingresos adicionales que reciban este año de financiación, y el envío mensual del cumplimiento de la regla de gasto.

Pero además, el ministro ha anunciado que planteará a las comunidades autónomas un nuevo fondo para facilitar el pago a proveedores, una "garantía" para que "no se produzcan demoras en el pago" en las autonomías con problemas de solvencia.

Las cartas enviadas por Hacienda y las críticas del ministro a las autonomías por el déficit excesivo de 2015 han provocado airadas respuestas de muchos consejeros. ¿Es una rebelión? Se le ha preguntado estos días a Montoro. "Comprendo que periodísticamente el término tenga alcance, pero no tiene sentido", ha sido su respuesta.

El ministro ha sentenciado que no cabe la insumisión a lo que Hacienda exige, como tampoco puede España incumplir las exigencias de la Comisión Europea. "Aquí va a cumplir todo el mundo".

Pero las protestas proceden de gobiernos de todos los colores políticos, también de las comunidades gobernadas por el PP, con Castilla y León a la cabeza. La Junta, gobernada por el 'popular' Juan Vicente Herrera, llega al CPFF en "completo desacuerdo" con las peticiones de Montoro y se "rebela con causa" ante la no disposición de 328 millones de gasto por el incumplimiento del objetivo de déficit en 2015. Denuncia un sistema de financiación "injusto" y un reparto aún más injusto.

Por su parte, Andalucía va a pedir que educación, sanidad y gastos sociales no computen como déficit y su consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, acude con la intención de responder a Montoro "que no pueden recortar más en políticas sociales". Además, pedirá un reparto "justo" del déficit entre las distintas administraciones y abordar un nuevo sistema de financiación autonómica más allá de "cantos de sirena" sobre grupos de trabajo para su reforma.

También Extremadura quiere que en la reunión se pongan sobre la mesa las "claves" para un reparto más equilibrado del déficit entre las administraciones públicas. Y defiende que el Ministerio no debe retener fondos a la comunidad para el pago directo a proveedores porque ellos ya estarán en disposición de hacerlo en el plazo legal, 30 días, en el mes de junio gracias a las medidas aprobadas en los últimos presupuestos autonómicos.

Por su parte, Castilla-La Mancha reclama que el Gobierno aborde con las autoridades europeas un nuevo plan de estabilidad que contemple un calendario de reducción del déficit más acorde a las necesidades económicas y sociales del país.

Otras comunidades que ya han avisado de que no tienen intención de hacer más recortes son Aragón o Baleares, cuya presidenta, Francina Armengol, dijo después de reunirse con el ministro que su ejecutivo se niega a aprobar el acuerdo de no disponibilidad de fondos que le exige el Ministerio de Hacienda tras incumplir el objetivo de déficit de 2015.