Los taxistas anuncian en el Parlamento Europeo una demanda contra Uber, Cabify y el Estado

La Plataforma Integral del Taxi ha anunciado en el Parlamento Europeo que presentará una demanda contra las empresas Uber y Cabify por competencia desleal, a las que acusa tener "el único fin" de "quedarse con el monopolio del transporte", una denuncia al Estado por daños patrimoniales y una "macroquerella criminal" contra "una trama de una serie de personas" cuya identidad ha preferido no revelar por "estafa masiva, blanqueo de capitales, fraude de ley y maquinación por alterar el precio de las cosas".

Así lo han explicado en una rueda de prensa en la sede de la Eurocámara el coordinador de la Plataforma, Alberto 'Tito' Alvarez, y el abogado Elpidio José Silva, en la que también han explicado que España está incumpliendo la directiva europea sobre liberalización de servicios. "Nosotros pensamos que la tecnología está muy bien, pero para ayudar a las personas, no para someterlas. El taxi y las VTC son dos tipos de transporte totalmente diferentes. Y las VTC, a través de Uber y Cabify, están haciendo nuestro trabajo y no lo vamos a permitir", ha enfatizado el también portavoz de Elite Taxi.

El abogado, sin embargo, no ha querido revelar, por razones estratégicas, contra quién estará dirigida la querella por estafa, blanqueo, fraude de ley y alteración de los precios. Sí que ha detallado que se presentará ante el juzgado competente en el ámbito penal, que, a su juicio, es la Audiencia Nacional porque "se trata de delitos a lo largo y ancho de todo el territorio español con un impacto a nivel de sistema económico muy relevante".

Por su parte, la demanda contra Uber y Cabify por competencia desleal se presentará este mismo jueves en el juzgado de lo mercantil de Madrid que corresponda por el turno de reparto. Con respecto al litigio con el estado por daños patrimoniales, Silva ha señalado que se iniciará con una petición administrativa dirigida al Ministerio de Fomento con el objetivo de llegar a un acuerdo indemnizatorio, que ha cifrado en "miles de millones e euros". En caso de no lograr una acuerdo, se recurrirá a Audiencia Nacional.

Tanto Alvarez como Silva han denunciado también que España está incumpliendo la directiva europea sobre liberalización de servicios y han recordado que estas normas excluyen de dicha liberalización al sector del taxi, el transporte urbano y las ambulancias. "No puede ser que con una autorización de ámbito nacional se les permita hacer transportes urbanos, porque se están cargando la base de los territorios de la Constitución. Venimos a denunciar que durante nueve años llevan haciendo una actividad que no pueden", ha señalado el coordinador de la Plataforma Integral del Taxi.

El abogado ha remarcado que las VTC son licencias estatales que habilitan a su propietario a "prestar servicios supraautonómicos", pero que no permiten quedarse a trabajar en una sola ciudad porque "harías de taxi y no eres un taxi". Silva ha defendido que se ha llegado a este escenario "manipulando absolutamente el relato de la realidad por encima del Derecho". "Es piratería consentida por las instituciones", ha criticado, para después recalcar que no cree que "nunca en la historia de la administración española se haya organizado un fraude durante tanto tiempo, tan masivamente y generando una óptica tan deformada de la realidad".

Por otro lado, 'Tito' Alvarez ha asegurado que la solución que ha encontrado la Generalitat para el conflicto, aunque no deja "del todo satisfecho" al sector del taxi, "sí que marca unas líneas" en las que se le diferencia de la VTC. "Queremos que este decreto ley vaya para todas las comunidades autónomas porque no puede haber taxistas de primera y taxistas de segunda", ha afirmado.

Silva ha expresado que la Generalitat "ha entendido correctamente y leído perfectamente" lo que está sucediendo". En la misma línea, ha apuntado que, aunque no le parece "suficiente", el tiempo de antelación de 15 minutos "no es una limitación de derechos" sino "una definición del Derecho". El abogado, en cualquier caso, da por seguro que la CNMC impugnará el decreto de la Generalitat. "Esto es una guerra larga y estamos hablando de batallas", ha avanzado, para después subrayar que, al final, el Tribunal Constitucional tendrá que seguir su criterio porque "cualquier otro lleva al abismo".

Preguntado por la postura de la CNMC y de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), Alvarez ha criticado que "es lo normal" y ha acusado a ambas de trabajar para que "Uber y Cabify se instalen y acaben con el taxi". "Son el brazo armado de los lobbies, hacen su trabajo muy bien, para eso les pagan", ha zanjado.