La Corte Penal Internacional ordena el arresto de Serguéi Shoigu y del jefe del Ejército de Rusia por su papel en la guerra

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este martes órdenes de arresto contra Sergéi Shoigú, exministro de Defensa ruso, y el general ruso Valery Gerasimov por presuntos crímenes cometidos durante la invasión rusa de Ucrania.

En un comunicado de prensa, el tribunal dijo que los jueces habían encontrado que había "motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023".

Los funcionarios rusos eran sospechosos de haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por dirigir ataques contra civiles y objetivos civiles en Ucrania.

Rusia, que al igual que Ucrania no es miembro de la CPI, ha dicho repetidamente que la infraestructura energética de Ucrania es un objetivo militar legítimo y niega haber atacado a civiles o infraestructuras civiles.

Shoigú fue destituido de su puesto de ministro de Defensa el mes pasado y nombrado secretario del poderoso Consejo de Seguridad de Rusia, en los cambios más significativos que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho en su mando militar desde el inicio de la guerra en 2022.

Ucrania celebra las órdenes de arresto

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Ucrania ha aplaudido la decisión de la CPI, la cual ha catalogado de "importante": "Shoigu y Gerasimov tienen responsabilidad individual... Ellos serán considerados responsables del mal", ha afirmado Andriy Yermak en Telegram.

El Consejo de Seguridad de Rusia ha dicho que la orden es parte de una guerra híbrida contra Moscú, informó la agencia de noticias estatal TASS.

Las órdenes de arresto contra Shoigu y Gerasimov elevan a ocho el total de órdenes de arresto emitidas contra sospechosos rusos de alto rango desde el comienzo de la invasión. Entre ellos se encuentra Putin, sospechoso de un crimen de guerra por la deportación de niños ucranianos a Rusia.

El tribunal no tiene una fuerza policial propia y depende de los Estados miembros para realizar arrestos. Según los jueces de la CPI, había motivos razonables para creer que los ataques tenían como objetivo principalmente objetivos civiles "y en el caso de aquellas instalaciones que podrían haber sido calificadas como objetivos militares en el momento pertinente, los daños y perjuicios civiles incidentales esperados habrían sido claramente excesivos en relación con la ventaja militar prevista", lo que convierte los ataques en crímenes de guerra.