La UE aplaza la decisión y España priorizará el uso del catalán tras las reticencias de varios Estados a aprobar tres lenguas "a la vez"

Los países de la Unión Europea se resisten a tomar una decisión sobre la petición española de oficializar el uso del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea hasta que no haya sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y un análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento del bloque. Así ha quedado patente tras 40 minutos de discusión en la reunión de ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea celebrada en Bruselas y que ha concluido sin que el asunto se sometiera a votación, porque las delegaciones necesitan "más tiempo" para estudiar el asunto, han informado fuentes europeas.

Una veintena de ministros han tomado la palabra para expresar sus dudas y la presidencia de turno que ejerce España ha "tomado nota" de las posiciones de sus socios en la UE y anunciado que el Consejo "retomará el asunto en una reunión futura", sin aclarar los plazos, han señalado las fuentes. Al término del encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que, tras exponer estos argumentos, "ningún estado miembro ha ejercido un veto a la propuesta". En todo caso, según ha añadido, "algunos estados miembros han pedido más tiempo para analizar su desarrollo e implantación".

"Ante las dudas de varios Estados Miembros, hemos propuesto solución temporal que empezaría con el catalán", ha reconocido el ministro, al tiempo que ha asegurado que "en absoluto" supone una discriminación para el gallego o el euskera. También ha sido preguntado el titular de Exteriores sobre el coste de la implantación, razón por la que el Gobierno español ha mostrado "su compromiso a asumir el coste derivado de esta reforma, como ya hace España para los arreglos administrativos vigentes". Poco antes, Albares ha realizado una encendida defensa del derecho del catalán, el euskera y el gallego a ser lenguas oficiales en la UE como "ya lo son en España, y se usan ya en el Parlamento".

"He trasladado que, en el caso español, el uso de las lenguas cooficiales se encuentra reconocido en nuestra Constitución, a diferencia de lo que ocurre en otros Estados miembro de la Unión en los que también existen lenguas regionales". Asimismo, ha destacado que "no son lenguas minoritarias" y ha puesto de ejemplo el número de hablantes en catalán, hablado "por más de diez millones de personas" y que "supera a varios idiomas ya oficiales de la UE". "Eso supone estar entre los 15 primeros idiomas de la Unión por número de hablantes". Albares ha concluido en lo relativo a esta cuestión advirtiendo que esta "no es una propuesta inédita o reciente por parte de España", y ha recordado: "Hace casi 20 años España viene reclamando este régimen lingüístico. Ya se alcanzaron acuerdos para su implantación en las instituciones de la Unión, salvo en el Parlamento Europeo".

"Es una propuesta buena para Europa, el multilingüismo es un objetivo de la Unión y que así lo recoge el artículo 3 del tratado", ha referenciado Albares. Lo cierto es que la Unión Europea es una suerte de Torre de Babel con el servicio de traducción e interpretación más numeroso y complejo del mundo. Cabe recordar que la institución cuenta con 27 países y ahora mismo son 24 los idiomas oficiales. Algunos países tienen en común la misma lengua, y los diputados del Parlamento Europeo tienen derecho a expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales. Además, los resúmenes también están disponibles en todos esos idiomas.

El alemán, el francés, el italiano y el neerlandés fueron los primeros cuatro idiomas que se aprobaron en 1958, cuando se constituyó la Comunidad Económica Europea. El español no fue lengua oficial hasta 1986. La única lengua cooficial que ha sido incluida entre las oficiales de la UE hasta la fecha fue gaélico; en 2022. Irlanda, al incorporarse a la UE en 1973, adoptó el inglés, el idioma más hablado en el país, pero luego demandó que sumara el gaélico, también cooficial en todo el país, con unos 200.000 hablantes habituales. Para incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales habría que modificar esta norma. Para cualquier cambio hace falta una postura unánime. Es decir, el voto a favor de los Veintisiete.