El Tribunal Supremo iraní anula la pena de muerte contra el rapero que apoyó las protestas por Masha Amini

El Tribunal Supremo de Irán ha anulado este sábado la pena de muerte emitida contra el rapero Tomaj Salehi por apoyar las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, la joven detenida por llevar mal puesto el velo islámico, informó su abogado Amir Raesian.

"La sentencia de muerte contra Tomaj Salehiha sido anulada. Como era de esperar, el Tribunal Supremo evitó un error judicial irreparable", indicó Raeisian en la red social X. La fuente afirmó que el caso de Salehi será remitido a otro tribunal para que sea "considerado" de nuevo y aseguró que el Supremo estimó además que la pena inicial de seis años y tres meses de prisión contra el músico fue excesiva.

Raeisian informó a finales de abril de que la sala primera del Tribunal Revolucionario de Isfahan "condenó a Tomaj Salehi al castigo más duro, a muerte, por el cargo de corrupción en la tierra", por su apoyo a las protestas desatadas en 2022 por la muerte de Amini.

El cargo de corrupción en la tierra abarca una serie de delitos contra la seguridad pública y la moral islámica, y en el caso de Salehi engloba cargos como "sedición, propaganda contra el sistema e incitación a disturbios". Tras la sentencia a muerte, el entorno del rapero denunció en redes sociales el aumento de la "presión psicológica" en su contra y aseguró que habían cortado la comunicación con el mundo exterior en la prisión Dastgerd de Isfahan.

El músico fue arrestado a finales de octubre de 2022 acusado de "corrupción en la tierra" y fue condenado en julio de 2023 a seis años y tres meses de prisión, pena que fue rechazada en la apelación por el Tribunal Supremo, que devolvió el caso a una corte inferior para que estudiase el caso de nuevo.

En noviembre de 2023 fue puesto en libertad bajo fianza, pero fue arrestado de nuevo solo once días después. Y en abril se le condenó a muerte, en una sentencia que provocó fuertes críticas internacionales. El rapero y disidente ya se ha enfrentado a las autoridades en el pasado y fue condenado a seis meses de prisión y una multa en enero de 2022 por "provocar a la violencia y la insurrección", aunque la pena de cárcel fue suspendida.