2025, el año en el que las mujeres se levantaron contra la violencia sexual en la política

En marzo de 2001, Nevenka Fernández denunció al alcalde de Ponferrada (León) por un delito de acoso sexual. Casi 25 años después, un alud de denuncias contra hombres poderosos de distintos partidos evidencia que en 2025 la violencia sexual sigue presente en las organizaciones de todo signo político.

La ruptura del silencio entre víctimas de violencia sexual ha derivado en ceses, dimisiones y expulsiones de distintos cargos y perfiles en el PSOE, el PP o Vox. El caso del socialista Paco Salazar, colaborador cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha constituido una crisis importante para un partido que lleva el feminismo por bandera, y que también se ha visto salpicado por el escándalo de los audios sobre prostitución de José Luis Ábalos y Koldo García.

Problemas en las filas socialistas

Fue en verano, justo el día en que se iba a celebrar el Comité Federal del PSOE, cuando salieron a la luz denuncias en Eldiario.es contra el entonces secretario de Coordinación Institucional de Presidencia del Gobierno, Paco Salazar.

El político iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, nombramiento que no se produjo, y fue cesado de sus funciones en Moncloa. Sin embargo, cinco meses después, el mismo medio de comunicación publicaba que las denuncias de las dos víctimas habían desaparecido del canal interno del PSOE.

Este asunto, que el partido atribuyó a una cuestión informática, desató una tormenta dentro y fuera de las filas socialistas. Distintas políticas del PSOE, como Adriana Lastra o Andrea Fernández, alzaron la voz para criticar esta gestión y las responsables de igualdad, convocadas por Pilar Bernabé, se reunieron en dos ocasiones para abordar la crisis.

El partido concluyó que la conducta de Salazar supuso "una falta muy grave" y se puso a disposición de las víctimas, en caso de que quisieran acudir a la justicia. Tras el caso de Salazar, han emergido otros que implican a hombres socialistas.

El PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral contra el número dos de los socialistas valencianos, alcalde de Almussafes (Valencia) y miembro de la ejecutiva autonómica, Toni González. Tras ser denunciado por acoso sexual, José Tomé ha dimitido como presidente de la Diputación de Lugo, pero no ha dejado la alcaldía de Monforte de Lemos (Lugo) ni de ser diputado provincial, si bien ha sido suspendido de militancia.

El PSOE también ha suspendido de militancia y ha abierto un expediente a Antonio Navarro, concejal y secretario general del PSOE de Torremolinos después de que la Fiscalía abriera diligencias por un presunto acoso sexual a otra edil socialista del consistorio.

El alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha renunciado a todos sus cargos tras las informaciones aparecidas sobre un posible caso de acoso a una trabajadora a través de unos mensajes de carácter sexual en 2023.

Además, el partido ha abierto de oficio un expediente informativo al senador y miembro de la Ejecutiva socialista Javier Izquierdo, quien renunció a todos sus cargos. No constan denuncias internas sobre posible acoso sexual, aunque el PSOE tuvo conocimiento de algunas informaciones periodísticas que lo apuntaban.

Y cinco concejales del PSOE de Barbadás (Ourense) decidieron abandonar el grupo de gobierno que encabezaba el alcalde Xosé Carlos Valcárcel Doval después de que se negara a entregar su acta pese a que así se lo pidió la dirección del PSOE tras trascender una denuncia.

Dada la magnitud de la tormenta política, el propio Pedro Sánchez tuvo que reconocer que se han cometido errores, si bien defendió que se tomaron medidas desde el primer día en que "esto se dio a conocer" y que el PSOE ha sido el partido en afrontar el problema del acoso y de los abusos "con total transparencia, con absoluta contundencia, animando y protegiendo toda denuncia".

El mensaje tanto del Gobierno como de Ferraz es que el machismo es estructural, se da en todas las organizaciones, pero que el PSOE sí actúa contra él. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sostuvo que el abordaje de estos casos de acoso va a resultar "ejemplarizante para otros partidos" que viven también estas situaciones, pero carecen de protocolos y no dan facilidades a las víctimas para que denuncien.

Casos en el PP

Desde el PP han sido muy críticos con su adversario político, pero también han trascendido denuncias de acoso sexual en las filas populares. El senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha suspendido temporalmente su militancia del PP y se ha ido al Grupo Mixto en la Cámara Alta después de que el PSOE lo denunciara ante el Tribunal Supremo por acoso sexual.

El alcalde de Jérica (Castellón) está siendo investigado por un juzgado por sendos delitos de agresión sexual contra dos menores de edad y ha sido cesado por el PP de militancia y como asesor de la Diputación. En junio, el conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, dimitía después de ser imputado por la justicia por un delito de agresión sexual.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, conocía la noticia desde febrero y abrazó públicamente a Villares tras haber dimitido. Por su parte, en Vox, el jefe de Redes y exmiembro de la organización juvenil Revuelta, Javier Esteban, se dio de baja de la formación tras ser denunciado por acoso sexual a un menor.

Una violencia silenciada

Este mismo año, el 25 de noviembre, la propia Nevenka Fernández -que logró que por primera vez se condenara a un político por acoso sexual- alzaba la voz en el Congreso de los Diputados por todas las víctimas "que no pueden hablar" y pedía "más mecanismos que ayuden a que se pueda reportar la violencia de forma segura".

Desde 2022, los partidos están obligados a contar con un protocolo para "prevenir, detectar y combatir la violencia machista": "Se debe informar del mismo y se realizarán acciones para sensibilizar a sus miembros.

Periódicamente, se evaluará y se revisará el funcionamiento y la aplicación de los procedimientos establecidos en el protocolo", estipula la ley de garantía integral de la libertad sexual. El Código Penal castiga el acoso sexual con penas de cárcel, que son agravadas si quien comete el acoso se vale de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.