El PP agita el fantasma de la okupación para justificar su 'no' a la ley de vivienda y el PSOE lo desmiente

El PP votará en contra de la ley de vivienda este jueves en el Congreso, una norma que no descarta recurrir ante el Tribunal Constitucional. Así lo confirmaba este lunes su portavoz de campaña, Borja Sémper, que tachó a Pedro Sánchez de "chollo para los okupas" y esgrimió que la enmienda pactada por el PSOE con sus socios "dificulta y ralentiza" el desalojo de quienes dejan de pagar.

El PSOE, sin embargo, acusa al principal partido de la oposición de intentar "desviar la atención" para no hablar del verdadero contenido de la norma. En este sentido se ha pronunciado su portavoz en el Congreso, Patxi López, que ha criticado que "mezclan los desahucios con la okupación" y ha aclarado que "lo que se hace es buscar el arbitraje y la intermediación en los desahucios".

"No generen un problema donde no existe sobre una falacia", ha aseverado el portavoz parlamentario en 'Onda Cero', donde ha asegurado que "hablan de esto porque lo que no les gusta es que se limiten los precios del alquiler".

¿Qué dice la ley?

En este sentido, los socialistas explican que lo que realmente incorpora la ley de vivienda es un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje que se pondrá en marcha cuando la finca pertenezca a un gran tenedor -con 10 o más inmuebles-, la vivienda esté habitada por una persona vulnerable económica y previamente no se haya iniciado o intentado un procedimiento de mediación y arbitraje.

De esta manera, sostienen, se establece un mecanismo para que cuando haya vulnerables la Administración tenga conocimiento e intente que no avance el desahucio. Las comunidades autónomas serán el órgano mediador para intentar alcanzar un acuerdo entre las partes y, si no es posible, aportar una solución habitacional a la persona o familia vulnerables.

Este mecanismo, insisten, no afecta a pequeños propietarios, sino que solo se aplica en los casos de grandes tenedores cuyas viviendas estén habitadas por vulnerables económicos y que emprendan un procedimiento civil, nunca en los casos de procedimiento penal.

Además, añaden, solo se podrá aplicar cuando hay vulnerables acreditados por los servicios sociales y haya riesgo de exclusión social. Así, se establece un mecanismo para evitar que sean desahuciados por no poder pagar un alquiler niños, ancianos, dependientes o víctimas de violencia de género. En ningún caso se aplica, zanjan, en los casos de ocupaciones ilegales donde no exista vulnerabilidad económica o el propietario sea un pequeño tenedor.