Mercedes González, imputada

Anticorrupción apunta a la directora de la Guardia Civil y su "utilización de expedientes disciplinarios" para "presionar" a los agentes

Los detalles Según el escrito de la Fiscalía en el que justifica la petición de imputación de Mercedes González, comparte la obligación de "entrar a valorar" si la investigación "integra el delito de prevaricación".

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes GonzálezAgencia EFE

Según la Fiscalía Anticorrupción, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, pudo haber llevado a cabo una "utilización instrumental de expedientes disciplinarios como mecanismo de presión sobre los investigadores policiales", una acción que puede conllevar un delito de obstrucción a la Justicia.

En el escrito en el que solicitan la imputación de la directora de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso laSexta, se habla de la posibilidad de que estos expedientes pudiesen dejar de calificarse como "meros actos internos" para acabar siendo "un procedimiento administrativo autónomo".

"La consecuencia práctica es que la resolución prevista en el artículo 39.5 de la Ley Orgánica 12/2007 posee naturaleza de acto administrativo y, por ello, queda sometida al régimen general del Derecho Administrativo: competencia, motivación cuando proceda, control jurisdiccional indirecto y sometimiento a los principios del artículo 103 CE y de la Ley 39/2015", añade el escrito.

Esto conlleva, prosigue el escrito, que si la apertura de estos expedientes resultasen ser "una resolución arbitraria y manifiestamente injusta en contra del interés público", se debería entrar a valorar si esta decisión "integra el delito de prevaricación".

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha acordado este jueves citar como investigados a la directora general de la Guardia Civil y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

El magistrado ha citado a ambos a declarar por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia el próximo 16 de julio en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.

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