Medidas huecas
Así funciona la "prioridad nacional" del PP y Vox que también puede excluir a los españoles de ayudas sociales
El contexto Los requisitos para acceder a ayudas públicas son iguales para todos y, de cumplirse el pacto de PP y Vox, algunas afectarían también a españoles.
Resumen IA supervisado
El Partido Popular ha adoptado en Extremadura el término "prioridad nacional" para las ayudas públicas, como parte de su acuerdo con Vox, y ha llevado esta idea al Congreso. Vox ha subrayado el carácter xenófobo de esta medida, insistiendo en la prioridad para los españoles. Aunque el PP intenta mantener una imagen moderada, el acuerdo en Extremadura sugiere una adaptación de la ley para cumplir esta "prioridad nacional". Esto afecta no solo a inmigrantes, sino también a españoles empadronados en otras comunidades. Además, el acuerdo excluye a migrantes irregulares de las ayudas, aunque esto ya está contemplado en la legislación vigente.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Partido Popular se ha retratado en Extremadura al aceptar el término "prioridad nacional" para las ayudas públicas como parte de su acuerdo con Vox. Este martes ha ido más allá, llevando este principio al Congreso como parte de una moción propia que pide incluir esa "prioridad nacional" en las prestaciones asistenciales.
Desde Vox han dejado muy claro el marco xenófobo que envuelve esta medida. En multitud de declaraciones han incidido en que significa la "prioridad de los españoles", "una cuestión de supervivencia", "que los españoles deben ser los primeros" o evitar que el "dinero de los españoles" vaya "ni para menas, ni para mordidas ni para mantener a media África".
Por su parte, los 'populares' tratan de mantener su imagen de 'mesura' e insisten en que este planteamiento se logra cumpliendo la legalidad vigente. Sin embargo, tal y como plantea el acuerdo firmado en Extremadura, más que ceñirse a la ley, se forzaría para adaptarla a esta "prioridad nacional".
No solo excluye a los extranjeros
Por ejemplo, en el caso del acceso a una vivienda pública, una persona no podrá optar a menos que lleve años empadronada en la ciudad donde la quiere, una forma de eliminar a todos los inmigrantes legales que poco tiempo. A ello se suma la necesidad de tener vinculación económica, social, familiar, laboral o formativa.
Además, hay que tener en cuenta que con esta clase de condiciones no solo se deja a los migrantes extranjeros, sino que puede afectar a nacionales. Por ejemplo, un extremeño que lleva años empadronado en otra comunidad autónoma en la que trabaje podría no tener acceso a esas viviendas públicas si quiere volverse a Extremadura, ya que los requisitos para las ayudas son iguales para todos, sean del territorio o no.
Otra idea relevante del acuerdo es que impide el acceso a ayudas sociales a migrantes irregulares. Sin embargo, esto no es nada nuevo, la legislación nacional ya marca esa prohibición, aunque Vox difunda la idea de las personas en situación irregular reciben todas las prestaciones.
Concretamente, el acuerdo entre el PP y Vox refleja la "exclusión del acceso a prestaciones (...) a quienes se encuentren en situación irregular, limitando (...) a supuestos de urgencia vital", un texto similar a la realidad ya vigente en España, porque no existen ayudas a personas indocumentadas.
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