El Ayuntamiento de El Ejido, gobernado por PP y Vox, ordena derribar las chabolas de casi 300 personas sin ofrecerles realojo

El Ayuntamiento de El Ejido -Almería-, gobernado en coalición por PP y Vox, ha ordenado la demolición de 120 infraviviendas ubicadas en el paraje Chozas de Redondo y correspondiente desalojo de las casi 300 personas inmigrantes que allí viven, entre ellas menores, sin que tengan derecho al realojo.

El acuerdo del desalojo, aprobado por unanimidad, en la junta de gobierno recoge que estas infraviviendas se encuentran ocupadas por "entre 250 y 300 personas", entre ellas mujeres y niños, que habitan "en una situación de riesgo físico" y señala que "no tendrían derecho de realojo tras el desalojo" al no estar en los supuestos contemplados por los artículos 19 y 21 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

La fundación Cepaim estudia recurrir

Las ONG que trabajan en la zona lamentan que se ejecute sin dar alternativa habitacional a los afectados, la mayoría inmigrantes. El presidente de la fundación Cepaim, Juan Miralles, ha trasladado que los servicios jurídicos de la fundación estudian presentar un recurso en "representación de las familias y personas afectadas".

Miralles ha remarcado que, desde Cepaim y Almería Acoge, comparten la necesidad de proceder a la erradicación de este tipo de asentamientos pero ha lamentado la forma en la que se plantea. "Somos conscientes del grave problema dado que desde hace muchos años venimos denunciando esta situación, actuando en estos asentamientos y asistiendo a las personas afectadas, pero no podemos aceptar como solución la demolición de los asentamientos sino va a acompañada de un programa o plan complementario que dote de soluciones o alternativas habitacionales a las personas afectadas", ha señalado.

El PSOE exige "alternativas habitacionales"

El PSOE ha pedido una mesa de negociación para reubicar a los desalojados por el derribo. En un comunicado, el portavoz municipal en El Ejido, José Miguel Alarcón, ha lamentado que, una vez "más", el equipo de gobierno formado por PP y Vox "no cuente con la oposición para temas tan sensibles".

"La historia se repite y el gobierno local no cuenta con el resto de grupos políticos con representación en la corporación para buscar soluciones a todos los ciudadanos", ha criticado en alusión a la penúltima polémica surgida después de que el Ayuntamiento solicitase abandonar en Sistema Viogén de protección a las mujeres víctimas de violencia de género.

Alarcón, quien ha insistido en que el acuerdo para el desalojo y derribo de este asentamiento se adoptó por unanimidad en un órgano de gobierno con la única representación de PP y Vox, ha apuntado que el citado acuerdo "deja sin una solución a muchas familias".

"Desde este grupo municipal socialista no pararemos para no dar lugar a que estas familias se queden sin un techo bajo el que vivir, porque no podemos permitir que no se les ofrezca una solución de reubicación, ya que no podemos olvidar que son personas", ha concluido.

Adelante Andalucía denuncia "un discurso cobarde y racista"

Adelante Andalucía ha exigido al Ayuntamiento de El Ejido que paralice la orden de demolición acordada "hasta que no se estudien alternativas habitacionales" para las más de 250 personas que van a ser desalojadas. El parlamentario de Adelante Andalucía Diego Crespo ha señalado que el acuerdo unánime en junta de gobierno responde a "un discurso cobarde, xenófobo y racista que se ceba en las personas más débiles y que aparece ahora para buscar réditos electorales".

"Nadie vive en una chabola si tuviese otra opción; en el año 2000 se anunciaba un plan de eliminación del chabolismo en Almería pero desde entonces ninguna de las propuestas de aquel plan en materia de vivienda se ha llevado a cabo", ha criticado Crespo.

Para el parlamentario, "sólo los cobardes atacan a quiénes menos pueden defenderse" y ha considerado que solo un ayuntamiento gobernado "por pusilánimes puede tomar medidas como estas".

El defensor del pueblo pide actuar con "responsabilidad"

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha apelado a la "responsabilidad compartida" ante los asentamientos. Maeztu, ha trasladado su preocupación por las condiciones en las que viven muchos inmigrantes en la comarca del Poniente almeriense ya que "hoy por hoy siguen sin tener garantizados sus derechos civiles" y ha llamado a la "responsabilidad compartida" de administraciones, empresas y agentes sociales.

Además, ha señalado que les preocupa que la "marginación del inmigrante trabajador extranjero, hoy como ayer, continúe siendo una realidad en el espacio geográfico donde se concentran las grandes superficies del cultivo de invernadero" y ha señalado que la situación, en los espacios exentos del levante de Almería, ha venido creciendo en mancha de aceite "ajeno a la necesidad de alojamiento digno de quienes con su trabajo contribuyen a hacerlo posible".