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Crisis migratoria

Canarias amenaza con llevar al Gobierno ante la Justicia por la presión migratoria

Clavijo anuncia medidas jurídicas ante la "dejación de funciones" del Gobierno de España. El Congreso no aceptó tramitar la reforma de la Ley de Extranjería, el pasado 23 de julio después de que PP, Vox y Junts se opusieran.

En breve

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), propondrá este lunes a su Consejo de Gobierno abrir "un debate jurídico" con el Estado por la "dejación de funciones" que cree que practica en materia migratoria y por la falta de respuestas a su petición de compartir la atención de los menores. "En el caso de Canarias, está haciendo dejación de funciones. El Gobierno de España no sé si lo tiene claro o no. Yo sí tengo claro que el Gobierno de España está dejando abandonada a Canarias y eso es algo que hay que transmitir", ha alertado Clavijo, en una entrevista en Canarias Radio, la emisora pública autonómica.

El líder de Coalición Canaria ha denunciado que algunos "confunden la lealtad, la comprensión y la puesta del interés del menor por encima de todo con debilidad, y están equivocados". Por eso, considera que ha llegado el momento de tomar medidas jurídicas -un paso que, antes del verano, ya había advertido de que estaba dispuesto a dar- y confía en que las decisiones que adopten al respecto cuenten con el respaldo del Pacto Canario por la Migración, un foro que se reúne esta tarde y en el que participan todas las fuerzas parlamentarias de las islas, menos Vox.

El presidente de Canarias se ha referido a las miles de personas que han llegado a las islas en las últimas semanas, cumpliendo algo de lo que habían avisado y que "no era difícil de ver": que previsiblemente en la segunda mitad del año las llegadas se iban a intensificar, como ha ocurrido en los últimos ejercicios. Y eso significa, ha remarcado, que Canarias va a tener que afrontar de aquí a final de año "una emergencia sobre otra emergencia", con todos sus centros de menores ya "sobresaturados" y varios de ellos "por encima del 200 %" de su capacidad. Además, ha denunciado que este fin de semana, con las constantes llegadas de cayucos a El Hierro, se han producido situaciones que rechaza. "Este fin de semana ha habido un antes y un después, con presiones y amenazas del Estado a las ONG para que acogiesen a los menores sin poder garantizarles la debida atención. Hoy en el Consejo de Gobierno vamos a debatir sobre este asunto y tomaremos decisiones. Obviamente, si no hay lealtad y compromiso, el Gobierno de Canarias se va a poner en su sitio", ha señalado.

Clavijo opina que "lo que no puede ocurrir es que la emergencia se convierta en lo normal" y recuerda que en el último trimestre de 2023 llegaron a las islas 7.398 menores en pateras y cayucos", lo que superó por completo los recursos de acogida, pese a lo cual "el Gobierno de Canarias actuó como tienen que hacerse las cosas: atendiendo al menor por encima de todo". "Por esa situación fue todo el trabajo que hicimos durante meses de negociaciones para que pasase lo que pasó el 23 de julio (que el Congreso no aceptó tramitar la reforma de la Ley de Extranjería, porque PP, Vox y Junts se opusieron)", ha añadido. Fernando Clavijo ha confirmado además que el miércoles viaja a Ceuta, para intentar unificar posiciones con el gobierno del otro territorio español que mayor presión sufre en la acogida de menores migrantes.

"Se ha producido un profundo debate en el Consejo de Gobierno sobre una serie de medidas jurídicas a adoptar a lo largo de los próximos días y cuyo detalle se conocerá tras reunirnos con los grupos políticos", ha insistido Cabello, que ha asegurado que de esa reunión se saldrá con "una hoja de ruta para las próximas semanas". Preguntado por qué tipo de presiones se habían recibido, Cabello ha dicho que la Policía Nacional y la Fiscalía requirió a las ONG que emplazaran a los menores en infraestructuras ya colmadas a sabiendas de la situación real de los centros, que "no pueden más".

"Cuando tienes una red para acoger a 150 y tienes 285, se está hablando de una situación muy tensa y compleja. Cuando sobre esa situación se siguen produciendo un número de llegadas de en torno a 70 menores, se tienen que producir derivaciones a una red que no puede sufrir más presión", ha ahondado Cabello. "Cuando se toman decisiones por parte de la UE se puede revertir una situación", ha insistido Cabello, que se ha quejado de que en cuatro años el resto de comunidades autónomas han acogido menos menores, en torno a unos 500, que los que han llegado a Canarias tan solo en el mes de agosto (571).

"A quien le toca mover ficha y acción de gobierno es al PSOE a nivel nacional", ha subrayado Cabello, que ha concluido con que el Gobierno canario, "en algún momento" se "tiene que plantar" frente a una situación, ha dicho, que "ha quemado" al Gobierno de España. El vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez (PP), ha negado que su partido esté "poco colaborador" pese a no haber apoyado la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería acordada entre su socio, Coalición Canaria, y el PSOE en el Congreso de los Diputados: "El PP tuvo una serie de propuestas, que se rebajaron, y se adaptaron a las principales necesidades de Canarias. Con 50 millones no podíamos cubrir el coste que suponen los menores tutelados, por ejemplo. Las peticiones del PP ni son un capricho ni son imposibles de cumplir".

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