La coalición entra en la última fase de la legislatura con serias discrepancias en materias clave

El tiempo aprieta, y cada vez más, al Gobierno de la coalición. El próximo año, 2023, se antoja decisivo en lo electoral para las dos formaciones que conforman el Ejecutivo y que aspiran, de una forma u otra, a repetirlo. Ni PSOE ni Unidas Podemos tienen asegurada la continuidad en la presidencia del país ante una derecha que, desde la marcha de Pablo Casado, ha intentado reorganizarse para arrebatar el poder a Pedro Sánchez y los suyos. La renovación de los populares con la llegada de Alberto Núñez Feijóo y el apoyo tácito de la extrema derecha a este proyecto político, unido al escenario de incertidumbre política y económica en términos internacionales, dejan en el aire el devenir del país.

Lo saben bien en el bloque progresista, que desde la aprobación de los terceros presupuestos de la legislatura (éxito hasta cierto punto sorprendente) no deja de mirar el calendario y la calculadora. Se tienen muy en cuenta los plazos hasta el 28 de mayo, fecha en la que se celebran en nuestro país las elecciones autonómicas y municipales; después, una carrera mucho más intensa hasta finales de año, cuando tienen lugar los comicios generales que definirán si Pedro Sánchez sigue o no al frente del Gobierno, y si lo hace de nuevo de la mano de la formación morada o cambian esta vez las tornas del liderazgo. Lo que sí parece estar claro es lo que toca ahora.

Esto es, la tramitación y finalización de todas -o al menos las más importantes- las leyes y medidas pendientes de culminar por el Ejecutivo antes de que acabe 2023. El objetivo: reducir, en la medida de lo posible, todas las polémicas derivadas de estas nuevas normas que podrían afectar a la carrera electoral que iniciarán ambas formaciones con toda probabilidad desde el 1 de enero -si lo que está sucediendo ya no se considera 'precampaña'-. Arrancar el año libre de controversias permitiría tanto a PSOE como a Unidas Podemos centrarse de forma más precisa en el duro año político que se espera, así como plantear seriamente sus opciones de cara al futuro de una coalición ahora mismo bañada de completa incertidumbre.

Hasta ahora, como casi en todo momento a lo largo de la legislatura, ambos partidos han intentado promulgar, de cara a la galería, la existencia de buenas formas, convivencia y unidad que supuestamente existe en el Gobierno. Pero lo cierto es que en todo este tiempo se han dado serios encontronazos que, lejos de ir mejorando el vínculo de la coalición, lo ha agravado, hasta situar a ambas formaciones en posiciones realmente alejadas y distintas. Prueba de ello son leyes como la del aborto, la de vivienda, la de seguridad ciudadana (mordaza) o la trans, cuya puesta a punto no ha llegado todavía, tres años después del inicio del camino conjunto de socialistas y miembros de Unidas Podemos.

Este mismo lunes se han podido ver los retazos de esos argumentariostan alejados entre sí en lo relativo a la ley trans. A primera hora de la mañana, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comunicado que la falta de acuerdo con el PSOE, que mantendrá sus enmiendas a dicha norma, destinadas a que los menores transexuales de entre 12 y 15 años necesiten premiso judicial para cambiar de sexo. Las discrepancias van más allá, hasta el punto de que la titular de Unidas Podemos ha alertado de que socialistas y populares pueden sumar sus votos para "intentar imponer un recorte de derechos"; un recorte ante el que Montero no cederá, según ha asegurado la propia ministra, que cree no obstante que se puede "reconducir" aún la situación.

Los problemas de 'convivencia' entre PSOE y Unidas Podemos no se limitan a los derechos de las personas trans. Sobre la mesa está también la ley de Vivienda, cuya puesta a punto parece haber quedado suspendida en el aire. Aunque es cierto que se han activado las reuniones para dar una salida a la norma, los socios están muy distanciados aún en los planteamientos relativos a esta cuestión, en la que se incluye -sin pacto entre las partes- la posibilidad de topar el precio del alquiler. En una situación similar parece encontrarse la ley mordaza. Aunque ha habido muchas reuniones y desde el Ejecutivo siempre aseguran que está a punto, todavía no ha visto la luz. Se sabe que hay reticencias de Interior en cuestiones que afectan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y en peor lugar están las posturas de las dos agrupaciones de Gobiernoen temas como la conocida como ley del 'solo sí es sí', cuya polémica puesta en marcha -por los beneficios que habría otorgado a condenados por delitos sexuales la propia reforma del Código Penal- ha dividido por completo al Ejecutivo en cuanto a una nueva modificación de la misma o a la 'aplicación correcta' que, según desde la formación morada, deben realizar los jueces. Sí están más avanzados y en posiciones muchos más conciliadoras en cuestiones como la ley del aborto, que se aprobará esta misma semana en comisión. Aquí, ambos están de acuerdo en la enmienda para que las menores de 16 años que quieran abortar y sus padres no lo permitan puedan acudir a un juez y sea él quien decida.

También en materia de salarios, donde hasta el presidente del Gobierno, en la línea de lo que reclamaba la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido a la Patronal que negocie con los sindicatos un acuerdo salarial que permita a los trabajadores mejorar su situación frente a la crisis inflacionista que atraviesan España y gran parte del resto de países del mundo. Así las cosas, no son pocas las cuentas pendientes que tiene el Gobierno antes de poner fin a la XIV legislatura de España. La duda ahora es si se conseguirán saldar antes de que la coalición salte por los aires en pos de una campaña electoral que resultará tan intensa e incisiva como lo han sido las vividas en los últimos años.