De una condena de prisión de 193 años a cumplir solo 16: ¿por qué García Juliá podrá celebrar este 20N en libertad?

Carlos García Juliá, uno de los autores condenados por la matanza de los Abogados de Atocha que zarandeó el delicado proceso de transición a la democracia que vivía España en 1977, podrá celebrar este 20N en libertad y así conmemorar el recuerdo del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido en el que militaba cuando, a sangre fría, cometió los asesinatos.

Su puesta en libertad, que se ha consumado este jueves, es el resultado de una rocambolesca historia judicial que atraviesa dos continentes y que ha sido posible por la redención de penas por trabajos en la cárcel que contemplaba el Código Penal del franquismo, vigente en el momento en el que se produjeron los hechos. Estos beneficios han indignado a sus víctimas, que alegan que el texto excluye expresamente a quienes "quebrantaran la condena" o demostraran de forma reiterada "mala conducta". "Los más de 3.000 días pendientes se han convertido en unos 200", lamentaba hoy en Al Rojo Vivo la abogada Cristina Almeida, que trabajaba en el bufete.

García Juliá solo cumplió 14 de los 193 años de cárcel a los que fue condenado por cinco asesinatos consumados y otros cuatro en grado de tentativa. Entró en prisión en marzo de 1977 pero en agosto de 1991 el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León le concedió la libertad condicional. A los 38 días consiguió una autorización para marcharse a trabajar a Paraguay, con la única obligación de presentarse una vez al mes en la Embajada española.

Cuando tuvieron a todas las víctimas "encañonadas, inermes y con los brazos en alto" (...) "dispararon de forma fría" contra ellas

El 14 de agosto de 1996, la Audiencia Nacional le declaró prófugo porque había dejado de presentarse a las comparecencias judiciales. Al cabo del tiempo se supo que tres meses antes había sido detenido en Bolivia por un delito de tráfico de estupefacientes. En aquel momento se le practicó una liquidación de condena según la cual le quedaban por cumplir 3.854 días de prisión, más de diez años. La Audiencia Nacional solicitó la extradición a Bolivia en marzo de 2001, pero el país sudamericano la rechazó. En ese momento, aprovechó un permiso penitenciario para volver a fugarse.

Su rastro se perdió hasta el 5 de diciembre de 2018, día en el que fue detenido en Sao Paulo en virtud de una orden internacional de detención de las autoridades españolas. Durante los años en los que estuvo preso, García Juliá vagó por Chile, Argentina y Venezuela hasta que en 2009 se estableció en Brasil, donde intentó rehacer su vida bajo una identidad venezolana falsa y trabajando como conductor de Uber. El proceso de extradición se culminó el 7 de febrero de 2020 con su ingreso en la prisión madrileña de Soto del Real.

De diez años a nueve meses

En ese momento, una maniobra judicial del abogado de García Juliá, Ignacio Menéndez, le permitió adelantar su salida de prisión del 26 de agosto de 2030 hasta este 19 de noviembre de 2020. Para ello pidió una nueva liquidación de condena a la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que era la competente para resolver la cuestión por haber dictado la última condena contra García Juliá, por intentar secuestrar al director de la cárcel y otro funcionario para tratar de fugarse antes del juicio por la matanza de Atocha.

El letrado alegó que no se había contabilizado la redención de penas por días de trabajo que contemplaba el Código Penal de 1973, vigente en el momento en el que se produjeron los hechos y derogado en 1995, el tiempo que permaneció en libertad condicional en Paraguay entre 1991 hasta su revocación, en 1996, y el último periodo de prisión provisional que cumplió tras ser detenido en Brasil. Aunque ya llevaba fugado varios años, la defensa incluso pidió que se le contabilizara la libertad condicional hasta el año 2000, en el que el auto de revocación de la libertad condicional adquirió firmeza.

La Audiencia de Ciudad Real accedió parcialmente a la petición de García Juliá y rebajó el tiempo de cumplimiento de 3.854 días a apenas 287, lo que le ha permitido salir este jueves de prisión reclamando el perdón de las víctimas, que consideran que su excarcelación es contraria a la ley, al haber redimido penas por trabajo a pesar de haber quebrantado su condena.

Asesinatos a sangre fría

García Juliá, miembro de las formaciones ultraderechistas Fuerza Nueva y Falange Española, fue condenado en 1980 a 193 años de cárcel, junto a José Fernández Cerrá, por cinco asesinatos consumados y cuatro en grado de tentativa. El tercer miembro del comando, Fernando Lerdo de Tejada, consiguió huir. En la noche del 24 de enero de 1977, los tres pistoleros irrumpieron en el despacho de abogados laboralistas que ocupaba el número 55 de la calle de Atocha, en Madrid, provistos de pistolas de calibre 9 milímetros Parabellum.

Destrozaron los archivos de la oficina, arrancaron los cables de comunicaciones y reunieron a todos los abogados en una sala. Cuando tuvieron a todas las víctimas "encañonadas, inermes y con los brazos en alto", según el relato que hizo la sentencia de la Audiencia Nacional, "dispararon de forma fría e inopinada" contra ellas. Fueron asesinados Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez. Resultaron heridos graves Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Lola González. La excalcaldesa de Madrid Manuela Carmena trabajaba en aquel despacho pero se salvó de la matanza al no encontrarse allí en aquel momento.