PROPOSICIÓN DE LEY DEL PSOE
El Congreso debate prohibir las donaciones a partidos para evitar otro 'caso Bárcenas'
La propuesta de los socialistas tratará de atajar prácticas irregulares en la financiación de las agrupaciones políticas. Este debate llega en pleno caso Bárcenas y evalúa la predisposición del Ejecutivo a modificar un sistema de donaciones que presuntamente ha beneficiado durante años al equipo liderado por Mariano Rajoy.
El pleno del Congreso debate una proposición de ley del PSOE para prohibir las donaciones procedentes de empresas a los partidos políticos, a fin de impedir que con ellas obtengan beneficios ilícitos o un tratamiento privilegiado.
La prohibición de estas donaciones es una de las medidas aprobadas por los socialistas en su reciente Conferencia Política, aunque su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, la viene defendiendo desde que el pasado febrero estallara el caso Bárcenas.
El Gobierno también está estudiando prohibir estas donaciones de cara al paquete de medidas para la regeneración democrática que tiene previsto aprobar antes de fin de año. Desde 2007 la ley de financiación de partidos fija un límite máximo para estas donaciones y las prohíbe en el caso de las empresas que presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas.
El PSOE recuerda, en la exposición de motivos de su iniciativa, que estas limitaciones se han "incumplido sistemáticamente" y argumenta que las "irregularidades en el funcionamiento y financiación de los partidos deteriora profundamente la confianza de los ciudadanos en la democracia".
Unió Democrática de Cataluña (UDC) seguida de Coalición Canaria y el PP fueron los tres partidos que recibieron entre 2009 y 2011 donaciones de empresas que mantenían contratos con las administraciones públicas, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a esos años, el último que se ha publicado. El órgano fiscalizador denunció también en ese informe donaciones anónimas -prohibidas por la ley- en Izquierda Unida de Andalucía y el Partido Aragonés.
La propuesta de modificación de la ley de financiación de partidos que debate el Congreso también contempla reducir a la mitad el plazo de remisión al Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales de los partidos, así como del plazo para la emisión por parte del tribunal del informe de fiscalización.
Esto supone que el informe sobre la legalidad de los recursos públicos y privados de los partidos políticos y sobre la regularidad contable de sus actividades económico-financieras sería presentado en las Cortes en el último trimestre del año siguiente al que se refieran las cuentas.