Juicio a la expresidenta de Madrid
Cristina Cifuentes es absuelta en el 'caso Máster'
La Audiencia Provincial de Madrid no ha encontrado pruebas de que presionara para que se falsificara el acta de su Trabajo Fin de Máster. La expresidenta de la Comunidad de Madrid se enfrentaba a más de tres años de cárcel.
Cristina Cifuentes, absuelta en el juicio por la presunta falsificación del acta que atestiguaba la defensa de su Trabajo Fin de Máster (TFM) en la Universidad Rey Juan Carlos. Así lo confirman fuentes jurídicas a laSexta. La Audiencia Provincial de Madrid no ha encontrado pruebas de que ella ordenara falsificar el acta.
Cifuentes ha asistido a la lectura de la sentencia y a su salida, al ser preguntada si estaba satisfecha, ha guardado silencio y se ha subido a un coche con su abogado sin hacer declaraciones. Es la única acusada que ha sido absuelta. La Fiscalía pedía 3 años y tres meses de prisión.
"Sin obviar el interés de esta en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión. El hecho de exhibir públicamente la copia del documento que recibió del rector no es más que un indicio no corroborado por otros", apunta la Audiencia.
Asegura que las "sospechas legítimas que pudieran existir no se han convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes", y añade: "Ni consta la presión inductora ni el dominio del hecho, por lo que no se le puede imputar el delito".
Maite Feito, la asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC, ha sido condenada a tres años de cárcel. Según la Audiencia, ella realizó esa presión "de forma insistente y agobiante, bien mediante llamadas o por mensajes SMS al teléfono personal de la acusada Cecilia Rosado".
Cecilia Rosado, la autora de la falsificación del acta e integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes y que trabajaba como personal laboral en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ha sido condenada a año y medio de prisión. Considera el tribunal que falsificó el acta "ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo".
En su declaración, la expresidenta de la Comunidad de Madrid se defendió así: "Yo no defendí el trabajo, lo entregué y expliqué las líneas generales. Fue un acto muy general, había dos o tres personas y no se celebró en un aula, sino en un despacho. Les di el trabajo y la bibliografía, pero muy por encima", indicaba en la sesión del pasado 22 de enero.
Es decir, tal y como afirma la acusada, lejos de seguir el procedimiento corriente, simplemente se limitó a entregar el trabajo. Un documento que, según la acusada, existe, pero que no consigue encontrar: "No guardo ningún ejemplar de estos trabajos. Lo he buscado, pero mi vida ha sido muy complicada, con dos mudanzas de domicilio y cinco de despachos", afirma.
Sin embargo, la expresidenta ha argumentado en diversas ocasiones que no ejerció ningún tipo de presión para conseguir el titulo. Es más, insiste en que "nunca" ha falsificado ningún documento: "¿Cómo voy a pedir un documento cuya existencia desconozco?", alegaba.
"No pedí el acta del TFM": la acusada, sin su prueba más importante
La defensa de Cristina Cifuentes llegó a la primera sesión del juicio (celebrado el pasado 18 de enero) con una prueba que, en teoría, sería suficiente para justificar su inocencia: un pendrive con un archivo que se llama "Calendario", en el que aparecería un certificado que demostraría que tenía todos los papeles necesarios para obtener el Máster.
Sin embargo, en la última sesión del juicio su letrado dio un giro de 180º a su estrategia: renunció a la prueba del pendrive por no querer mostrar su contenido de forma "indiscriminada". De hecho, solicitó al magistrado que se lo devolvieran.
En esta línea, José Antonio Choclán, abogado defensor de Cifuentes, aseguró que no quería que el dispositivo estuviera en las manos de la fiscalía y la acusación. En principio, dijo, porque podría vulnerar la intimidad de su clienta. El juez rechazó esta petición y, al ver la negativa, optó por renunciar a la prueba.
El abogado de Cifuentes: "Tendría que ser tonta para sacar pecho de un documento falso"
Choclán ha argumentado que la responsabilidad del acta falsa recae en la figura de Álvarez Conde, no en Cifuentes. Asimismo, también insiste en que la acusada no hizo más que compartir un documento (en referencia a cuando se extendió por los medios de comunicación) que provenía de una fuente fiable: "Por eso se atreve a sacar pecho, como ha dicho la acusación. Tonta sería (con perdón) si sacara pecho de un documento que se sabe falsificado", exclama.
"Aquí se trata si Cifuentes era inductora de la falsificación de un documento hecho por Cecilia Rosado", ha añadido este viernes Choclán, que insiste en que el Ministerio Fiscal "debería haberse comportado igual que se hizo con el resto de alumnos".
Ahora bien, por el banquillo sí han pasado la profesora del máster que confeccionó el acta, Cecilia Rosado, la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito, que supuestamente presionó a Rosado para modificar el documento de la defensa; y la propia Cristina Cifuentes, que ha llegado a admitir que en ningún momento defendió su TFM, sino que se limitó a explicar el trabajo "en líneas generales".
Ante estos testimonios, la fiscal Pilar Santos ha mantenido en esta última sesión la petición de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a la que acusa de ser "la única beneficiaria" del acta ilegal. Además, apunta directamente al temor de la acusada a ver salpicada su profesión como dirigente: "Era la única, la primera y la última que se benefició del acta; era ella y su carrera política. El interés y la presión se hacían en su nombre para que la universidad diera la cara por ella", asevera.
"La señora Cifuentes, por su cargo, no se manchó las manos. Pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le proporcionase una solución, y si toda la maquinaria se puso en marcha fue, precisamente, por estas presiones", concluye Santos.
En esta línea, la acusación particular, ejercida por la propia Universidad Rey Juan Carlos, que pide cuatro años de cárcel para la exmandataria, ha recogido el hilo de la fiscal y se ha mostrado especialmente dura con Cifuentes: "Si no ha hablado con los profesores, ¿cómo podía saber cómo tenía que ser el trabajo? ¿Su longitud y fecha de entrega? Nadie recuerda haber visto sus trabajos", espetan con severidad.
Junto con eso, también han insistido en el interés político de Cifuentes, especialmente cuando publicó el famoso vídeo en el que enseña el acta y dice: "No me voy, me quedo". De este modo, concluyen: "Todo esto tenía un interés político puro y duro".