¿Debe acatar el Gobierno la sentencia de Estrasburgo?

El cumplimiento de la legalidad al que se ve obligado el Gobierno acatando la sentencia de Estrasburgo tiene una lectura positiva para los nacionalistas vascos. Desde el PNV, creen que la situación beneficiaría el desarme de ETA, Iñigo Urkullu propone al Gobierno crear un equipo de trabajo.

Sin embargo, desde el sector más duro de víctimas instan a la desobediencia del Tribunal de Derechos Humanos. Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afirma que la sentenica "es de obligado cumplimiento".

Algunas víctimas critican que la Audiencia Nacional, responsable del caso, tardase menos de 24 horas en ejecutar el fallo de Estrasburgo sobre la 'Doctrina Parot'. El abogado Rodríguez Segura asegura que "para algunos juristas, España podría haber incumplido la resolución", algo a lo que también se suma Carlos Baravío, ya que "la excarcelación masiva de presos podría generar una alarma social".

En 2005, el Tribunal de Estrasburgo obligó a derogar una ley británica que prohibía el voto de los presos, pero Gran Bretaña se negó a cumplir la sentencia, arriesgándose a una posible sanción económica o al veto del Consejo de Europa. Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, cree que "si estamos en las instituciones europeas es para cumplir sus dictámenes, si no, no tiene ningún sentido los acuerdos internacionales".

El próximo 12 de noviembre, el Tribunal Supremo analizará los efectos de la sentencia de Estrasburgo y eleborará un protocolo de aplicación. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es vinculante y sienta jurisprudencia. Es un fallo vinculante aunque no se ordene de forma expresa su ejecución.