Detenido el presidente de la diputación de Almería por contratos irregulares en la compra de mascarillas

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al vicepresidente, Fernando Giménez, y al alcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, que estaban siendo investigados por el caso mascarillas.

Además, han sido arrestados otros cuatro investigados cuyo nombre no ha sido facilitado por el tribunal, aunque fuentes de la UCO han señalado a EFE que uno de ellos es un técnico de Obras Públicas y otro el hijo del alcalde de Fines.

La operación se ha desarrollado a primera hora de la mañana con el registro, por parte de la UCO de la Guardia Civil, de diez inmuebles, entre viviendas particulares, oficinas públicas y sedes de sociedades mercantiles que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.

El caso lo investiga el Juzgado número 1 de Almería. Giménez y Sánchez se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como 'caso Mascarillas', que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia.

El auto que ha autorizado estos registros y ha facultado a la UCO para practicar las detenciones que considere necesarias señala que "en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales".

La investigación judicial recoge indicios de que los investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber ser destinatarios, entre otros". Parte de estas contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y "algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines", según el mismo auto.

El juez instructor subraya que algunos de los ahora detenidos no habrían intervenido directamente en la adjudicación de los contratos presuntamente irregulares, pero sí "en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales".

El Juzgado ha autorizado a los agentes de la UCO a volcar, visionar y copiar comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, lo que incluye documentación electrónica y mensajes intervenidos en los dispositivos de los investigados. También ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está bajo sospecha, con el objetivo de reconstruir el circuito de adjudicaciones y pagos.

El instructor ha ordenado además medidas de aseguramiento patrimonial respecto de los investigados, que afectan a cuentas en entidades bancarias y cajas de ahorro, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles. Entre estas medidas se incluye la prohibición de enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor, con el fin de evitar la descapitalización de los presuntos responsables antes de que se determinen las eventuales responsabilidades penales y civiles.

En la causa ya figuraba como investigado, entre otros, el entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, por la firma de un contrato de suministro de mascarillas en abril de 2020 por un importe superior a dos millones de euros.

Aquella primera línea de investigación dio origen al conocido como caso mascarillas, que se centraba en presuntas comisiones ilegales vinculadas a la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Con esta segunda fase, el procedimiento se extiende ahora a otros contratos de la Diputación y, potencialmente, a adjudicaciones en el Ayuntamiento de Fines, con la hipótesis de una trama más amplia de comisiones y blanqueo ligada a la contratación pública.

Los siete detenidos en la operación desarrollada este martes por la UCO serán puestos previsiblemente a disposición judicial el próximo jueves.

La trama principal busca esclarecer el posible cobro de comisiones ilegales mediante la adjudicación de un contrato de material sanitario por valor de 2.036.186,24 euros mediante un procedimiento de urgencia realizado en abril de 2020, ya que el coste del mismo hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros y se observan indicios de posibles 'mordidas'.

Según ha recordado la periodista Beatriz Parera en Al Rojo Vivo, esta investigación lleva cuatro años en marcha y afecta por ahora a 17 investigados. Según Parera, además de un contrato de mascarillas de más de dos millones de euros habría otra serie de contratos de adjudicación de obra pública bajo sospecha, posiblemente vinculados al empresario que está en el centro de la trama, Kilian López, dueño de Azor Corporate. Es decir, ya no solamente se estaría investigando presuntos contratos irregulares en la compra de mascarillas, sino comisiones por otro tipo de negocios.

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