El día D llega al Supremo por el caso mascarillas: Ábalos y Koldo buscan demostrar la legalidad del dinero en efectivo mientras Aldama tira de colaboración

Día clave este miércoles en la recta final del juicio por el caso mascarillas. Está previsto que los tres acusados, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, declaren en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en plena pandemia.

El primero en declarar será Aldama, de quien se prevé que reconozca delitos para certificar esa estrategia de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Tras él llegará el turno de Koldo y Ábalos. Según fuentes de sus defensas consultadas por laSexta, los dos van a intentar demostrar la legalidad del dinero en efectivo que les ha intervenido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes.

En una cosa sí van a diferir. Koldo García va a defender que la compra de material sanitario fue una decisión política acertada de su antiguo jefe, de José Luis Ábalos. Mientras, el exministro va a derivar la responsabilidad en los técnicos del Ministerio. Así, en la recta final del juicio el tribunal se prepara para que los interrogatorios a los acusados se extiendan por si no es suficiente con un día y ha abierto la puerta a que continúen los interrogatorios más allá de este miércoles.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, interesa el pago de una multa de 3,8 millones de euros. Para Aldama solicita siete años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión.

Las acusaciones populares que encabeza el PP, reclaman, por su parte, 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.

"Ánimo de enriquecimiento"

La defensa de Aldama reconoció los delitos de organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información privilegiada en un escrito al que tuvo acceso laSexta que dejó muy señalados a Ábalos y Koldo. En él el empresario aseguró que el "ánimo de enriquecimiento" que mantenía junto a Ábalos y Koldo hizo que los tres "convinieran" que podían "contratar con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad", dado "el cargo que ostentaba en el Gobierno de España y también en el partido socialista", algo que podía "favorecer" los intereses de la trama.

Por ello, Anticorrupción considera que el exministro, su exasesor y el empresario "convinieron" aprovecharse del cargo del entonces ministro, que fue nombrado en junio de 2018 titular del Ministerio de Fomento, después denominado de Transportes. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, sostiene que se unieron para "favorecer", "a cambio del correspondiente beneficio económico", la contratación con la Administración "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería" el empresario. Todo ello, a su juicio y una vezmás, con "ánimo de enriquecimiento".

Anticorrupción remarca en su escrito de acusación que los tres "acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando". También destaca que eran "apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios" de Transportes como por distintas personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo.

Además, incide en que la presunta organización nació "con innegable vocación de permanencia en el tiempo", ya que "estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida" de Ábalos y Koldo de Transportes en julio de 2021.

Para Luzón, esa "cohesión" entre los tres "no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos, sino también en la facilitación" a Aldama de una "interlocución privilegiada" en sus relaciones con Transportes y "otros departamentos ministeriales", así como con "diferentes administraciones públicas".

Aldama "tenía comprada la voluntad" de Ábalos

Durante el juicio, el teniente coronel Antonio Balas y un comandante de la UCO hirieron de muerte las estrategias de defensa de Ábalos y Koldo al exponer los indicios de delitos que hay contra ellos. Remarcaron que Aldama "tenía comprada la voluntad" de Ábalos y que, aunque fuera por mediación de su socio Luis Alberto Escolano, el comisionista se encargaba de pagar el piso en Plaza de España en el que residía Jéssica Rodríguez.

Así lo aseveró tanto Balas como otro miembro de la UCO, recalcando que esa compra de la voluntad era a través de pagos como del piso de la expareja del exministro. Tanto el teniente coronel como su equipo dibujaron en su declaración cómo funcionaba la presunta organización criminal en la que Aldama pagaba y mandaba, Ábalos adjudicaba y Koldo ejecutaba todo lo que le decía el exministro.

"Hacía lo más grande. Es el que abre negocios, es el que tiene la capacidad de llevar a Aldama y sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden. Es un miembro cualificado de la organización, por eso cobra lo que cobra. Por eso le dan lo que le dan y cuando exige le pagan", afirmó sobre Ábalos en una declaración que sorprendió tanto al exministro como a Koldo García en el banquillo de acusados.

Jéssica sentencia a Ábalos

En este juicio tampoco ha faltado la declaración de la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, quien fue interrogada por el disfrute de una vivienda en Plaza de España (Madrid) y sus contratos en Ineco y Tragsatec. Jéssica residió desde 2019 hasta marzo de 2022 en un piso que le proporcionó Ábalos en el centro de Madrid, cuyo alquiler está valorado en 2.900 euros al mes. La UCO ha investigado esta propiedad como parte de los presuntos pagos al exministro por parte de Luis Alberto Escolano, socio de Aldama.

La declarante explicó que este le dejó quedarse en el piso mientras ella siguiera estudiando la carrera, cuya matrícula pagaba el propio Ábalos, e incluso cuando ya había terminado su relación. Según contó, esto podría haberse debido a sus remordimientos por no haber cumplido con sus promesas. En este sentido, detalló que Ábalos le hizo cambiar su estilo de vida y que le "prometió cosas" que no cumplió, por lo que, según ella, tal vez se sentía culpable.

Con respecto a sus contratos en Ineco y Tragsa entre 2019 y 2021, que pagaron cerca de 44.000 euros a Jéssica pese a que no asistió nunca a su puesto de trabajo, aseguró que "no sabía ni siquiera que fueran empresas públicas, ni nada de nada". Además, afirmó que el ex secretario de Organización del PSOE sabía que no iba a trabajar.

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